Y la empresa dirigida por Manuel Bartlett reclama 500 millones de pesos, de los cuales 330 millones debe cubrirlos el sistema de aguas de Tepic, municipio gobernado por Geraldine Ponce.
Apenas medio año duró la luna de miel de Miguel Ángel Navarro Quintero como gobernador de Nayarit. Después de haber ganado el cargo con 50% de la votación emitida y contar con una rotunda mayoría legislativa, el exsenador con licencia tuvo que hacer frente a la realidad que trasciende la popularidad lopezobradorista.
Vacías las arcas estatales y con una deuda de 20,000 millones de pesos, el mandatario morenista tenía un escaso margen de maniobra: su ambiciosa propuesta de detonar el crecimiento económico con obra pública deberá esperar mejores tiempos. Y es que además de los compromisos con la banca comercial —Santander era uno de los principales acreedores—, tenía encima al IMSS, al SAT y a la CFE.
El gobierno nayarita debe el ISR desde hace seis años. Y la empresa dirigida por Manuel Bartlett reclama 500 millones de pesos, de los cuales 330 millones debe cubrirlos el sistema de aguas de Tepic, municipio gobernado por Geraldine Ponce.
El mandatario morenista no cuenta con las calificaciones crediticias para contratar más deuda y con los bancos tiene relaciones tortuosas. Los organismos descentralizados han mostrado comprensión ante la crisis financiera de Nayarit, pero no habrá dispensa. La Federación incluso ofreció absorber los servicios sanitarios —incluida la nómina— para disminuir la carga que abruma a Navarro Quintero.
Los servicios educativos de Nayarit atienden a 260,000 alumnos en 2,684 escuelas de educación básica, donde imparten clase 12,500 profesores. La planta docente y administrativa de la universidad nayarita tomó las calles hace tres años, por la intención del entonces gobernador Antonio Echevarría González, de cancelar la autonomía de esa institución, capturada —según la explicación oficial— por un grupúsculo político-partidista.
El gobierno morenista, que arrancó justo hace nueve meses, enfrenta adeudos por 1,860 millones de pesos en el sector educativo, sobre todo para cubrir pensiones y prestaciones. Y sin recursos presupuestales para cubrir las obligaciones contempladas en el contrato colectivo, buscó que el magisterio nayarita también se apretara el cinturón.
Hace dos meses, en la ceremonia conmemorativa por el Día del Maestro, Navarro Quintero escuchó reclamos y recibió abucheos, tanto de los maestros en activo como de los jubilados. “Yo tengo 71 años y no me pinto el pelo”, reviró el gobernador morenista ante la iracunda audiencia, “no me preocupa el tiempo que me queda por vivir, ¡me angustia lo que por obligación tengo que heredar! Más vale que me critiquen siendo gobernador y no se hinquen, y tampoco con los dirigentes”.
Los gritos de protesta no se escuchan en el video editado difundido por el área de comunicación del gobierno nayarita. “¡Claro que arriba el SNTE y arriba México!, pero no los malos gobernantes ni los malos dirigentes”, quiso cortar el gobernador, ante las interpelaciones. “Yo no vengo a defenderme con el fanatismo ni con la visceralidad. Vengo a convencerlos con la conciencia y con la racionalidad”.
Decidido a emular la austeridad republicana y acabar con canonjías, Navarro Quintero se indignó ante los baladros y retó a cualquiera a probar que ha incurrido en influyentismos o cobrado diezmos o apoyado a ciertos proveedores.
“Las escuelas de Nayarit no daban educación… daban lástima”, criticó, sin ver ni oír a los festejados. “Hay muchas cosas que son de mi competencia, pero no soy un súper dotado, tengo muchas limitaciones… que me marca la ley y no puedo atropellar competencias de otros órdenes de gobierno o de otros poderes… Me gusta debatir pero no me gusta agachar la cabeza para que me pongan la soga”.
En Nayarit, el derecho social subyuga las conquistas sindicales. Dos semanas después del altercado con el magisterio, el Congreso local dio trámite a la legislación que puso a la burocracia nayarita contra la pared. Los centros de trabajo —centros de atención ciudadana, clínicas y escuelas— fueron visitados por personal de la contraloría estatal, apoyado por la policía, para verificar la presencia del personal de base. Y fueron entregados citatorios —con logotipos de la fiscalía estatal— dirigidos a presuntos responsables de “fraude educativo”.
La limpia de aviadores, prometida por el gobernador, había empezado: medio millar de trabajadores de distintos niveles educativos, incluida la Universidad, han sido separados de sus funciones y enfrentan procesos administrativos.
“Los maestros no somos delincuentes, somos víctimas de la venganza del gobernador”, se quejó Ladislao Serrano Vidal, secretario general de la sección 49 del SNTE.
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