La idea de elegir funcionarios por voto directo es popular, pero es contraproducente cuando se trata de seleccionar a los ciudadanos idóneos a partir de la exigencia de preparación, capacidad o experiencia
El principio republicano sobre la designación de autoridades a partir del voto ciudadano es eje de la democracia. Hay elección directa y también indirecta, que es cuando la Constitución concede a un órgano integrado con funcionarios electos el poder de designar funcionarios o autoridades.
Existe un debate que acompaña al origen de la democracia, si elegir autoridades mediante el voto es la forma idónea de seleccionar al mejor. Esta discusión se ha polarizado todavía más con el voto universal.
Como modelo de decisión la democracia es imperfecta, como esquema para dar cauce a la lucha política no existe otro mejor.
En realidad, el objetivo de la democracia no es elegir a los mejores, sino resolver civilizadamente la competencia por el poder. Las democracias han cuidado que la designación de ciertos funcionarios que deben cubrir un perfil profesional de excelencia sea procesada por mecanismos de elección indirecta, especialmente la intervención del Senado o de la Cámara de Diputados. Es una regla general del buen gobierno y de las mejores prácticas y así aplica a funcionarios judiciales, hacendarios, titulares de órganos técnicos autónomos, algunos miembros del gabinete, representantes diplomáticos, etc.
De hecho, en el sistema constitucional norteamericano se determinó la elección indirecta del presidente por un colegio electoral democráticamente electo, precisamente por el temor de que el voto directo significara que el presidente invocara mandato soberano.
La idea de elegir funcionarios por voto directo es popular, pero es contraproducente cuando se trata de seleccionar a los ciudadanos idóneos a partir de la exigencia de preparación, capacidad o experiencia.
Es explicable que la encuesta del INE muestre una opinión favorable al modelo decisorio para elegir integrantes del Consejo General por voto directo, pero es inconveniente, mucho más cuando su responsabilidad es la de organizar elecciones, ya que no garantiza la imparcialidad y el profesionalismo obligados.
Todavía más aberrante sería la elección por voto directo de los magistrados del tribunal por ser una función que demanda un perfil técnico muy especial. Designar funcionarios es tarea delicada que debe resolverse en función del perfil profesional, no de la popularidad.
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