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Cómo se han puesto las cosas en este 2024 que la inconstitucional adscripción de la Guardia Nacional al Ejército parece no tener ya la menor importancia.

Por decisión de la Suprema Corte, desde el 1 de enero esa corporación debió ser entregada a la Secretaría civil de Seguridad y Protección Ciudadana y nadie en el gobierno ha explicado por qué sigue bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.

El 18 de abril del año pasado, el máximo tribunal invalidó las reformas que transfirieron el control operativo y administrativo de la GN al Ejército porque la Constitución mandata literalmente:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El mismo artículo 21 reza:

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Tal cual estaba previsto en la iniciativa presidencial de reforma constitucional para crear la GN que recibió el Congreso.

De ahí que ocho de los once ministros del Pleno votaran por invalidar el endoso de la nueva corporación a la Sedena, contra tres oficialistas que ignoraron la condición expresa de que se le mantuviera en el ámbito civil (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea).

Al segundo día la Corte aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá:

“Propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1 de enero de 2024, de tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para regresar gradualmente el ajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la secretaría del ramo de seguridad pública…”.

El presidente recordó ayer aquella derrota:

“Imagínense lo que nos ha costado: son 138 mil elementos ya, 265 regiones atendidas por la Guardia Nacional (…). Entonces hablo con dos ministros, porque sabía yo que tres iban a apoyar, pero faltaba uno, y hablé con dos: ‘Sí cómo no, sí’. Les expliqué: Esto no es asunto personal, esto tiene que ver con la seguridad que tanto le preocupa al pueblo, no podemos jugar con esto, ayúdenos, ¿y saben qué? Votaron en contra y se vino abajo la ley”.

Es ya 17 de enero, pero el fallo sigue sin acatarse…