Son parte del plan de Estado de asfixia, amenaza de sanciones, uso del sistema judicial para presionar y espantar a críticos y opositores, bloqueo de cuentas bancarias
Pasados ya los 73 años de edad, la jurista Olga Sánchez Cordero parece haber decidido que sólo las piedras no cambian de opinión.
Como ministra de la Corte en 2013 concluyó que condenar las manifestaciones callejeras “estigmatiza la protesta social y el derecho a la libre manifestación”.
Como secretaria de Gobernación en 2020 concluyó que las protestas sociales contra el asesinato diario de 10 mujeres en el país “llevan mano negra”, “son manipuladas”, “tienen financiamiento”.
Es, cuando menos, triste. En fin.
Porque la opinión de la mujer Sánchez Cordero contra el movimiento de mujeres que condenan la violencia que sufren las mujeres, se enmarca en un entorno de desprecio de género que llevó al asesinato de dos mil 240 mujeres aquí, de enero a agosto.
Un entorno de violencia que se ha recrudecido durante el gobierno en el que cobra Sánchez, pero que no es nuevo en el país, como tampoco son nuevas las protestas para condenarlo: las mismas protestas que Sánchez Cordero pidió en 2013 “no estigmatizar”.
Es decir que, en términos políticos (y Sánchez Cordero siempre ha hecho política, más en la Corte que ahora, de hecho) la titular de Gobernación es un ejemplo de la izquierda que se volvió derecha, al criminalizar la protesta social.
Porque el mensaje claro, alto y directo de la funcionaria Sánchez Cordero es que hoy en día se puede todo si es dentro de la autollamada Cuarta Transformación, pero no se puede nada fuera de la autollamada Cuarta Transformación.
En especial en la actual etapa del gobierno con el que ella cobra: la etapa de atar los cabos que le permitan perpetuarse en el poder con consultas populares financiadas y controladas, la intimidación de todas las instituciones y la censura como política de Estado.
Y, parte básica de ese proceso (que acabará en la redacción de una nueva Constitución si el gobierno gana las elecciones intermedias del 2021) es la estigmatización de la protesta contra el gobierno que ahora sí apoya la secretaria de Gobernación.
Sobre todo, las protestas de toda la vida de los movimientos feministas contra la violencia que sufrieron siempre las mujeres (no sólo durante este gobierno) pero que hoy están rebasando, y por mucho, a los gobiernos federal y de la CDMX.
De ahí las conclusiones estilo policía política del castrochavismo o el orteguismo (ambos aliados ideológicos de este gobierno en los foros internacionales): “GINgroup cobija desmanes feministas”, “Ve Sánchez cordero mano negra en protestas feministas”.
Esas denuncias no son fortuitas: son parte del plan de Estado de asfixia, amenaza de sanciones, uso del sistema judicial para presionar y espantar a críticos y opositores, bloqueo de cuentas bancarias…
Sencillamente: el camino a Venezuela.
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