Denominación de origen

Parecía broma, pero era bastante en serio la exigencia de los parlamentarios europeos de exigir al Estado mexicano que los productores agrícolas dejaran de elaborar quesos manchegos o piernas de Jabugo. Y mucho menos, que las cavas del Nuevo Mundo no se atrevieran a usurpar las denominaciones de origen.

“Ciertamente no respetamos las indicaciones geográficas porque no teníamos este concepto”, reconocía el senador Héctor Larios, con el característico desparpajo de este lado del Atlántico, en la sesión en la que quedó subsanada esa laguna en la legislación mexicana.

Aunque parcialmente, pues los negociadores mexicanos —sin mucho éxito— proponen una lista de productos lácteos y cárnicos que podrían ser considerados “genéricos”, lo que permitiría de paso eliminar la publicidad engañosa del etiquetado.

El respeto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas podría ser recíproco, como también nosotros ponernos exigentes en el tema de la protección de nuestras propias denominaciones de origen, particularmente con el tequila y el mezcal, decía el legislador sonorense hace una semana.

Justo hace dos semanas, el gobernador panista Antonio Gali Fayad encabezó la presentación formal de los mezcales de Puebla, aunque la denominación de origen fue otorgada por el IMPI desde el 24 de diciembre del 2015, en respuesta a la solicitud presentada por Rafael Moreno-Valle.

La protección a la denominación de origen fue emitida, por primera vez, el 28 de noviembre de 1994 para ser aplicada al mezcal elaborado en Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Oaxaca. En el 2001 fue otorgada a los productores de San Felipe, Guanajuato. Y dos años después, a los 10 municipios que cultivan tequilana Weber, en Tamaulipas.

En el 2012 fue reconocido el corredor geográfico de Michoacán (29 municipios) y en octubre del 2015 se incorporó San Luis de la Paz, municipio serrano de Guanajuato que colinda con Querétaro.

Para Puebla, la protección aplicará en 112 de los 215 municipios enclavados en la Sierra Norte y la Mixteca, luego de que fuera desechada la impugnación presentada por Alfredo Conde, a nombre de la Comercan.

El pasado martes 7, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Propiedad Industrial, tras de casi un año de intensos cabildeos. La iniciativa, signada por legisladores del PAN y del PRI, modificó los plazos de vigencia de los registros para las creaciones originales e incorporó los conceptos de creación independiente y grado de significancia, además del proceso administrativo de oposición para el registro de diseños, marcas y patentes.

La propuesta, asimismo, procuraba armonizar las normas mexicanas con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas vigentes en Europa. Y es que salvo el tequila y el mezcal, productos agrícolas mexicanos como el arroz o la vainilla estaban prácticamente desprotegidos.

Ambas, proclamó el senador panista Héctor Larios Córdova, son propiedad de la nación. “Nadie puede precisar con certeza quién sería, en todo caso, el propietario de una supuesta patente de tequila o del bacanora o del mezcal. Todas éstas son propiedad de la nación, pero se necesita que alguien administre esta denominación”, planteó ante el pleno.

El proyecto original incorporaba las “unidades de gestión” como autoridad en la materia, categoría a la que no podían acceder los laboratorios de certificación.

Evitar una práctica monopólica —que era la intención del legislador— pudo dar al traste con el esquema operativo de los consejos regulador, particularmente del tequila y del mezcal. El cabildeo de esas organizaciones al final logró que no establecieran tales limitaciones.

“Podrían vetar la entrada de nuevos actores al mercado y esto, en términos prácticos, significa un cártel y los cárteles están prohibidos por la Constitución”, advirtió Larios Córdova, (pero) al final del día, decidimos dejarlas en el limbo jurídico”. Y quedaron como asociaciones civiles enfocadas a salvaguardar a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

El año pasado, el valor estimado de las ventas nacionales e internacionales de mezcal acumuló dos mil 913 millones de pesos. Pero las políticas proteccionistas podrían frenar esta expansión acelerada.

De acuerdo con el Consejo Mexicano Regulador de la calidad del mezcal, dos de cada tres botellas de esa bebida envasadas para exportación tuvieron como destino Estados Unidos. Y en un lejano segundo lugar se ubicó España, con apenas 6 por ciento de la producción. Francia, Inglaterra y Canadá concentran otro 12 por ciento y por ello tendrían que enfocarse las estrategias de los mezcaleros, en caso de que fracase la renegociación del TLC.

Para los industriales del ramo, la mayor preocupación está en la ampliación de la denominación de origen. Hace dos meses, Aguascalientes oficializó su aspiración de sumar a siete de sus municipios a la protección del IMPI.

Entre la ampliación y la consolidación de los mercados, los industriales tienen una postura conservadora. Y es que Oaxaca concentra 83.5 por ciento de la producción para el mercado nacional y 91.1 por ciento del destilado para exportación.

Sumar más municipios, como ejemplifica el caso poblano, resultaría “poco estratégico”. Y como refieren quienes estuvieron detrás de la propuesta original, esa entidad oriental aún tiene carencias en los rubros de inocuidad y viveristas; concentra su producción en 20 municipios que en vez de suministrar producción a las tres marcas locales, prefieren abastecer a los mezcaleros de Guerrero.

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