Contra Rosario Robles se ejerce una poderosa consigna que apuntala su acusación de ser una “presa política”
La resolución carcelera de la magistrada Isabel Cristina Porra Odriozola, titular del tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito al que Rosario Robles pidió se le permita llevar su proceso como dicta la ley, en libertad, confirma que contra la ex funcionaria se ejerce una poderosa consigna que apuntala su acusación de ser una “presa política”.
Inhabilitada por la Función Pública federal por no declarar (ni conocer) una chequera con 2 mil pinches pesos; amenazada por la mayoría diputadil de Morena con montarle un juicio político; sin miniliquidez porque la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda le congeló la cuenta de 22 mil pesitos y encarcelada porque la Fiscalía General de la República le inventó un domicilio inexistente, se quejó (comprensible para el registro de la infamia) ante una instancia que le servirá lo mismo que la carabina de Ambrosio: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, con descarado desaseo jurídico, encabeza su tocaya Piedra Ibarra.
Optimista Robles: apelar hoy a una instancia constitucionalmente “independiente” carece de sentido porque todo el aparato gubernamental, con los poderes Judicial y Legislativo sometidos al Ejecutivo, responde a una línea política nada “republicana”.
Ahora, para soñar con su excarcelación, le queda la esperanza de obtener lo poco probable: el amparo de la justicia federal, una incógnita más en su desventura y que puede tardar meses o años en despejarse. Su desgracia se ahonda con el fallo de la noche del martes, que no únicamente la mantendrá en prisión, sino que para su proceso la regresa a la sala de tortura de quien la encarceló contra el más elemental sentido de la legalidad.
La dimensión de esta nueva vileza se comprende mejor si se toma en cuenta que la sádica magistrada concede razón al argumento de la defensa, en el sentido de que la prisión ordenada por el sobrino cómodo (del matrimonio René Bejarano-Dolores Padierna), Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, fue “excesiva”, y reconoce que él cometió “agravios importantes” en perjuicio de la indiciada.
Para la magistrada, Delgadillo Padierna impuso la prisión preventiva “de forma incongruente”. No comparte sus mismos criterios por arbitrarios, infundados y alejados de cualquier razonamiento jurídico, pero… mantiene a Robles tras las rejas. Y aunque considera que el inexplicable juez no tomó en cuenta, uno a uno, los datos de prueba que presentó la defensa y se refirió a ellos en conjunto para demeritar su valor y calificarlos de “insuficientes”, Porra, la aporreadora, reconfirmó el miserable enchiqueramiento.
De cara a esa magistrada, Robles dijo estar siendo juzgada por ser quien es y no por la causa de que se le acusa. Una especie de “trofeo”, denunció, con quien se quiere justificar el combate a la corrupción emprendida por el actual gobierno.
El caso hiede.
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