Del acoso a la cacería de jueces

Así ha procedido ya, informa, la relatora especial de las Naciones Unidas para intentar atajar lo que es violatorio de tantos derechos como lo que está sucediendo en México con la destrucción del Poder Judicial

febrero 13, 2025

Con las de los jueces de Michoacán y Jalisco que ordenaron a los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial suspender el proceso de preselección de aspirantes, ya son 19 las peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte las medidas precautorias que procedan a fin de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ponga fin a la persecución policiaca contra juzgadores.

La revelación es del internacionalista y maestro en Derecho Zamir Fajardo Morales, presentado por los juzgadores en resistencia contra la reforma constitucional al Poder Judicial, quien sostiene que “hay una estrategia deliberada del oficialismo en contra de juzgadoras y juzgadores marcada por el acoso a partir de un discurso de odio, el acoso con amagos de juicios políticos y denuncias administrativas y penales, y el paso del acoso a la ejecución de las amenazas…”.

Desde mediados del año pasado, alerta, la Fiscalía General de la República ha estado abriendo carpetas de investigación. Unas se mantienen en reserva (“no sabemos contra quiénes, porque están bajo el resguardo propio de las averiguaciones ministeriales”) y otras están en curso contra personas ya sabidas como el juez Sergio Santamaría Chamú, de Michoacán, y la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, de Jalisco”.

Se trata de los autores de los amparos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por tres votos a dos, descalifica (es precisamente la contradicción que hoy será discutida en la Suprema Corte con base en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien junto con tres de sus pares el referido Tribunal considera “impedidos” para tratar el asunto).

Contra la jueza va también el Consejo de la Judicatura Federal:

“Por mi formación, sé que seré imputada por un delito contra la administración de justicia y ahí hay 37 conductas, no sé cuál se me pretenda encuadrar. Llevo 32 asuntos en mi juzgado y ahora ya no los trataré pues el Consejo de la Judicatura, con votación de los afines al oficialismo, votó porque se me aplicara ese procedimiento disciplinario”, denuncia.

“Cuando una autoridad judicial y oficialista como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial emite una decisión denunciando penalmente a jueces por tomar decisiones judiciales”, dice Zamir Fajardo, “la línea roja claramente ya se cruzó”.

En su opinión, “el momento es muy delicado, porque el oficialismo está convirtiendo la toma de decisiones de protección de derechos humanos en delito, y esto es lo que pedimos a la relatora especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak: que ejerza sus funciones de prevención y active sus facultades precautorias; que no se espere hasta que se violen efectivamente los derechos”.