En dos días, dos informaciones de un mismo tema no son “noticia”: a) el incumplimiento presidencial del compromiso número 89, y b) que ayer se dictó auto de formal prisión contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo
En dos días, dos informaciones de un mismo tema no son “noticia”: a) el incumplimiento presidencial del compromiso número 89: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, y b) que ayer se dictó auto de formal prisión contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, por la desaparición y asesinato de los normalistas.
Si, como lo recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de que la esterilizara Rosario Piedra, la Fiscalía General de la República ya identificó a los interlocutores de los chats de Chicago, habrá determinado que el llamado soldado del amor es precisamente Casarrubias, lo que constituye una prueba irrebatible de su pertenencia a la narcobanda Guerreros Unidos y su participación en el atroz crimen.
La nota de El Mochomo solo confirma lo que la investigación de la extinta Oficina Especial del caso Iguala reveló hace un par de años en su lamentablemente desdeñada Recomendación.
Nada nuevo hay en lo hecho por la 4T sobre el caso, excepto la identificación (en circunstancias muy cuestionables por la turbiedad del procedimiento y de la información oficial) del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a partir de un pequeño resto óseo hallado en las inmediaciones del basurero de Cocula.
De confirmarse la intervención de Casarrubias Salgado en la matanza, el Ministerio Público federal, aun sin pretenderlo, de paso confirmaría en esencia la verdad histórica de que hace seis años dio cuenta el ex procurador Jesús Murillo Karam, con la hipótesis de que los cuerpos de muchos o todos los jóvenes desaparecidos y asesinados fueron quemados, hasta su carbonización, en aquel muladar.
La detestada verdad también se corroboraría con el resultado de los análisis genéticos de los famosos 114 fragmentos propuestos por la CNDH y que de manera perversa no han sido enviados al laboratorio austriaco.
Para que el Presidente no quede mal con su compromiso político, hace falta que los fiscales especial y general de la República rectifiquen, acepten que se han pasado de negligentes y dejen de aferrarse a los oscuros intereses que han impedido la remisión de esos restos a la Universidad de Innsbruck.
El problema sigue siendo la facciosa necedad de querer satisfacer los apetitos insanos de quienes, inspirados en la negación del basurero que para desgracia de la justicia impulsó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, reclaman un “cri- men de Estado” perpetrado por el Ejército, los mismos a los que se ha concedido el infame encarcelamiento del capitán en retiro José Martínez Crespo.
Más allá de lo que piense, diga o haga el Presidente, es en las manos de Gertz Manero donde está la mejor posibilidad de que López Obrador cumpla su palabra: basta que honre la autonomía de su cargo y acate las recomendaciones de la CNDH.
Y que lo haga ya. Antes de que la dupla comisión de la verdad-fiscalía especial fabriquen una demencial y criminal patraña…
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