A espaldas del pueblo bueno, el Congreso ha puesto sobre todos nosotros una invisible y gigantesca red de vigilancia totalitaria, un Big Brother digital
El 16 de julio el Congreso aprobó una nueva cascada de reformas legales desconocidas para el pueblo, para el pueblo bueno y para el pueblo malo, pero que afectarán profundamente la existencia de ambos.
Dice bien María Amparo Casar que sólo una minoría de mexicanos sabe lo que dicen y entiende las profundas consecuencias de esas leyes. En particular, la denominada Ley de Inteligencia.
Sergio López Ayllón ha empezado en este diario una serie tratando de explicar las consecuencias de las reformas publicadas el 16 de julio, ya normas vigentes de nuestra vida común, aprobadas sin deliberación ni explicación alguna por un Congreso que, para estos efectos, parece clandestino y que es, por su mayor parte, ignorante también de lo que ha aprobado.
En la revista Nexos puede consultarse una explicación de estas leyes por especialistas que no ocultan su asombro ante ellas: el propio López Ayllón, Pedro Salazar, Rodrigo Díez, Luis Eugenio Navarro, Jesús Eulises González, Guadalupe Salmorán, Vladimir Chorny, Jorge Fernando Negrete…
El cambio mayor, el atentado mayor que hay en esas leyes, es que vuelven al pueblo de México sujeto de la más amplia inspección legal de la vida privada que se haya aprobado nunca en este país.
Lo ha puesto de la manera más sintética la propia María Amparo Casar en su columna. A partir de estas leyes, dice Casar, la sociedad mexicana queda “fichada”:
“Fichada” por la instauración de la CURP biométrica, con huellas dactilares, escaneo del iris e imagen facial.
“Fichada, porque el Centro Nacional de Inteligencia puede hacer investigaciones profundas de una persona por la simple presunción de que sus actividades constituyen un riesgo para la soberanía, las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho.
“Fichada, porque las nuevas leyes permiten requerir a las instituciones privadas la información que juzguen indispensable: bancos, hospitales, consultorios, escuelas, compañías telefónicas, establecimientos mercantiles, plataformas de venta de productos, centros de verificación, concesionarias automotrices…”
A espaldas del pueblo bueno, el Congreso ha puesto sobre todos nosotros una invisible y gigantesca red de vigilancia totalitaria, un Big Brother digital.
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