Víctima de su propia retórica, el subsecretario Hugo López-Gatell ha asumido el costo de sus dichos
Víctima de su propia retórica, el subsecretario Hugo López-Gatell ha asumido el costo de sus dichos, desde aquellos tempranos elogios a la “fuerza moral” del Ejecutivo federal hasta su peculiar defensa del modelo centinela, su definición del aplanado de la curva de contagios, el escenario muy catastrófico –que recién fue superado– y su caracterización contra el “veneno embotellado” y los alimentos procesados, de alto consumo en México.
Luego de 170 apariciones en las conferencias vespertinas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud puede presumir de haber impuesto agenda y abrir un debate sobre las otras pandemias que –a su juicio– aquejan a México: el sobrepeso y la obesidad.
En la fase 3 de la contingencia sanitaria por la Covid-19, arreció la ofensiva de las autoridades sanitarias contra la industria de los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Desde entonces –particularmente en los últimos dos meses–, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha puesto atención sobre estos asuntos, como en el impacto que tendría la nueva regulación del etiquetado y lo que han denominado #LeyGatell en la cadena de distribución agroalimentaria en los estados con vocación agrícola y tendencia republicana.
El estudio MX2020-0029, distribuido el pasado 18 de junio por el USDA, alerta que 18,600 millones de dólares en exportaciones podrían estar en peligro ante la aplicación de la #LeyGatell. El reporte elaborado por el USDA advierte sobre el riesgo de poner “Black Stop Signs” en productos elaborados en Estados Unidos para el mercado mexicano, debido a que el etiquetado vendría acompañado por limitantes en la promoción y comercialización de las mercancías, como recientemente anticipó el subsecretario.
En el estudio MX2020-0039, distribuido el pasado 30 de Julio, se describe el articulado así como las penalidades que tendrá la industria agroalimentaria en caso de incumplimientos.
Ante la aprobación del congreso de Oaxaca de la #LeyGatell, el USDA arrancó un estudio de fondo de esta nueva regulación, así como el impacto para las cadenas de distribución, ya que se está excluyendo la competencia en los mercados locales mediante una regulación sanitaria. Al ser violatorio del acceso libre a un mercado, este asunto podría ser el estreno para los paneles de controversias del nuevo T-MEC.
Este reporte también mediría el impacto en estados republicanos de los Estados Unidos y el aumento en el costo de empacado puede generar presiones en el Senado estadounidense, ya que muchos productores tendrán que ajustar sus costos en un mercado débil debido al Covid-19 y la desaceleración mundial. Se espera que el estudio tenga una circulación restringida.
Mientras, avanza inexorable el reloj para la aplicación de la nueva NOM-51, tras de su aprobación el pasado 27 de marzo en el Senado de la República de la nueva Ley de etiquetado frontal, que entrará en vigor el 1 de octubre del 2020.
El 23 de junio, las secretarías de Economía y Salud, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor entregaron un borrador del acuerdo institucional a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en el que marcaron el cronograma de actividades de verificación y cumplimiento de la NOM-51. A partir de entonces quedó abierto un periodo para comentarios de los interesados, que acaba de expirar. Estos comentarios están en etapa de revisión.
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre, los productores, importadores y comercializadores no serán sancionados durante las actividades de verificación. Antes del 30 de septiembre, podrán tramitar la solicitud de cumplimiento para el nuevo etiquetado. Desde el día inmediato posterior y hasta el último día de la prórroga, podrán comercializar y vender todos los productos, incluidos aquellos que no cumplan con los reglamentos.
En este plazo de gracia, en los anaqueles coexistirán los productos con el viejo etiquetado con aquellos que portan etiquetas adhesivas temporales. Estos últimos podrán ser comercializados hasta el 31 de marzo del 2021.
Efectos secundarios
INDEPENDIENTES. Fuera de los plazos establecidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, SOMOS, una AC que busca el registro como partido político local, ha quedado en el limbo. Y es que después de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación local –asambleas constitutivas en 14 de las 16 alcaldías, con el mínimo de asistentes requeridos para su validez– han pasado seis u ocho meses sin que los consejeros electorales se pronuncien sobre la procedencia de su registro. “¿Por qué el ánimo de desaparecer a la oposición y no permitir que emerjan nuevas fuerzas políticas?”, cuestionan los promotores de la nueva propuesta política, que pugna por rectificar el camino que ha perdido la ciudad, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, “¿a qué o a quiénes le tienen miedo?”. Mientras la autoridad electoral define la integración final de la boleta electoral, en ciernes, un bloque de contención en la CDMX, con el PRI, el PAN y el PRD coaligados, también buscará acabar con la hegemonía morenista.
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