Ahora toca investigar, deslindar responsabilidades y determinar el destino de cada peso señalado por el órgano fiscalizador
La recta final de la administración de Delia González Cobos al frente del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) dejó sobre la mesa un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
ORFIS presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia penal por un presunto daño patrimonial de 56 millones 665 mil 280 pesos en Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), correspondiente a la Cuenta Pública 2024.
La denuncia fue presentada el 14 de julio y deriva de la observación FM-070/2024/003 DAÑ, que quedó sin solventar después del proceso de fiscalización.
El señalamiento tiene que ver con anticipos entregados a contratistas y proveedores que permanecían pendientes de amortizar o recuperar. Los recursos estaban relacionados con la adquisición de un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento destinados al Hospital Regional de Coatzacoalcos y al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
El expediente también contempla irregularidades relacionadas con la adquisición de sistemas fotovoltaicos para el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis Fernando Nachón”, el Hospital General de Córdoba “Yanga” y el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza”.
Son proyectos vinculados directamente con infraestructura hospitalaria y con recursos públicos destinados al fortalecimiento de los servicios de salud. Por eso, la cifra adquiere mayor relevancia cuando se trata de dinero que debía estar debidamente comprobado, aplicado y recuperado conforme a las obligaciones administrativas y contractuales.
La Unidad Jurídica de ORFIS fue clara al precisar que la denuncia se presentó contra quien o quienes resulten responsables. Corresponderá ahora a la autoridad ministerial determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.
El dato político queda en el historial de la administración de Cuitláhuac García. La revisión corresponde a recursos ejercidos durante ese periodo y ahora será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de determinar qué ocurrió con esos 56.6 millones de pesos.
Y mientras ese expediente avanza, ORFIS también presentó otra denuncia penal relacionada con el Ayuntamiento de San Rafael por 994 mil 784.91 pesos correspondientes a tres observaciones no solventadas de la Cuenta Pública 2023.
La fiscalización vuelve a dejar nombres, cifras y expedientes sobre la mesa. En el caso de SESVER, son más de 56 millones de pesos los que deberán ser explicados ante las autoridades.
Ahora toca investigar, deslindar responsabilidades y determinar el destino de cada peso señalado por el órgano fiscalizador.
Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.
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