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La Suprema Corte no mostró esa misma sumisión al poder presidencial y desde ayer vivimos bajo el resultado de una reforma rencorosa.

En el terreno financiero, el Banco de México se ha salvado de una reforma que le quite la etiqueta de autonomía, en buena medida porque su composición resulta conveniente para los intereses gubernamentales.

Eso lo refrendó la propia presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso en la conmemoración de los 100 años del Banco de México, dijo: “Aquí la autonomía no necesariamente significa descoordinación. Al contrario, ha habido coordinación entre Banco de México, Secretaría de Hacienda”.

¿La coordinación institucional de siempre o el alineamiento de una mayoría de integrantes de la Junta de Gobierno con una política monetaria más laxa que impulse el crecimiento?

La Secretaría de Hacienda es parte del gobierno federal. Sin embargo, el hecho de que el organigrama marque una subordinación a Palacio Nacional no debe significar que se haga evidente que, cómo dijo Echeverría, las finanzas se manejan desde la casa presidencial.

En este mismo régimen, pero el sexenio pasado fue evidente que las finanzas públicas se manejaron por iluminación presidencial: bajo conocimiento, pero elevado cálculo electoral que llevó a las arcas públicas a dilapidar recursos en obras de infraestructura inútiles y un elevado gasto asistencial que acabaron por complicar la salud macroeconómica.

Si en esta nueva etapa del mismo régimen se confía un poco más en los expertos en finanzas no se ve muy bien que sea la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, la que anticipe los temas fiscales que se habrán de incluir en el Paquete Económico que se presenta el próximo lunes.

Vienen cambios en el Impuesto especial en bebidas azucaradas, adelantó la abogada. Eso gana titulares, pero lo trascendente en materia fiscal y hacendaria es su adelanto de cambios en la Ley Aduanera.

Con el sello de la casa, los diputados de Morena recibieron desde Palacio las instrucciones presidenciales de no dejarse influir por cabilderos y que tomaran nota de lo que van a aprobar, como saben, sin cambiar una coma.

Adelantar temas fiscales desde el jurídico presidencial no es el mejor mensaje para los mercados, que preferirían escuchar a los expertos financieros argumentando el porqué de cualquier modificación, ya sea en más impuestos a los refrescos, o a los productos chinos.

Es cuestionable la idea de aumentar los impuestos en las bebidas azucaradas como una medida para frenar el consumo de este tipo de productos, sobre todo cuando más de la mitad de la economía vive en la informalidad y cuando el crimen organizado fabrica refrescos piratas.

La aplicación de aranceles a las importaciones chinas, afectará cadenas productivas, pero parece ser la condición para mantener una relación con Estados Unidos.

El punto es que las formas cuentan, si la abogada presidencial traspasa las instrucciones a un poder subordinado como el legislativo, sin las razones técnicas de los expertos en las finanzas públicas, queda un mal mensaje a los mercados sobre la división entre los técnicos y el poder a secas.