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En los días de la escasez de gasolinas, la actividad de la Ciudad de México cambió por completo.

Miles de automovilistas tuvieron que dejar de hacer otras actividades para formarse durante muchas horas para conseguir algunos litros de gasolina. Fueron millones de horas hombre perdidas que no se emplearon en actividades productivas o recreativas.

Las personas que tenían combustible en sus tanques optaron por usar el auto lo menos posible y los que se animaban a salir a las calles lo hacían a bajas velocidades, sin acelerones, cuidando pues el consumo.

Durante esos fines de semana de escasez de gasolina en la ciudad se implementó una especie de toque de queda energético de facto en el que los propietarios de automóviles los usaban lo menos posible.

Los usuarios del transporte público también se reservaban su derecho a salir de sus casas ante la saturación de las escasas opciones de movilidad pública que tiene la ciudad.

Fue un recuerdo de aquellos días de una ciudad desierta por la influenza en el 2009.

Uno de los primeros indicadores de la baja en la actividad citadina fue el índice Imeca. La contaminación bajó de sus niveles altos habituales. El aire era más limpio porque era evidente la escasa circulación vehicular.

Pero al mismo tiempo, los mercados, los centros comerciales y los centros de consumo estaban vacíos. Los comercios resintieron la falta de compradores que simplemente postergaron las compras o cancelaron las comidas en restaurantes.

Los meseros no tuvieron propinas, los despachadores de combustible tampoco. Muchas actividades económicas se vieron entorpecidas en una ciudad en la que el desabasto de combustibles duró relativamente poco.

Pero otras tantas entidades tienen más de un mes con problemas de abasto de combustibles, lo que implica que estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro o el Estado de México, entre otros, tuvieron también afectaciones económicas importantes.

El desabasto de gasolinas tiene consecuencias económicas que habrán de reflejarse en la actividad regional y nacional. Se notará en los índices de producción industrial y de consumo. Se le va a notar al Producto Interno Bruto.

A la impericia gubernamental en el manejo del combate al robo de combustibles, con el cierre de los ductos en la época de mayor consumo y menor reserva de gasolinas, se suma la negligencia de no combatir otro delito, como lo es la obstrucción de las vías de comunicación.

El cuidado de los índices de popularidad no es compatible con la obligación de hacer cumplir la ley y la factura será una desaceleración muy marcada en el inicio de este sexenio.

No son sólo los 251 trenes varados, o las 10,000 toneladas de carga atoradas, ni los miles de millones de pesos en pérdidas para innumerables sectores productivos. Es la afectación a ese factor tan intangible como lo es la confianza que provoca un círculo vicioso de retroceso.

El propio presidente López Obrador responsabiliza al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de la crisis con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Pero más allá de la razón que tiene el jefe del ejecutivo en señalar a este gobernador como incompetente, el problema no es la deuda con los extorsionadores de la CNTE, sino el delito que cometen para exigir el pago. Son dos cosas diferentes.

La deuda es estatal, pero el delito de obstrucción de las vías ferroviarias es de competencia federal. Y los daños económicos son con cargo al país entero. Ya lo veremos en los números.