Rosario Piedra se pasa de ingenua: cree que desapareciendo la Oficina Especial para el Caso Iguala borrará sus acuciosos y valiosos resultados
El activismo faccioso de la presidenta de la CNDH llegó la semana pasada al extremo de desaparecer la oficina especial del caso Iguala, con miras a fabricar una “verdad” que complazca a los vividores del cuento que utilizan el dolor de los padres de Los 43 para inventar un jugoso y redituable, pero falaz, “crimen de Estado”.
Ocupada sobre todo en los ahorros presupuestales que armonicen con la austeridad republicana (le alarma que se necesite llegar en coche, pues ni modo que a caballo, a las oficinas de la Comisión), a Rosario Piedra le interesa más descalificar lo hecho por las administraciones anteriores a su desaseado arribo que cumplir con su obligación de velar por la dignidad de las personas.
Como se hizo notar en este espacio, el boletín oficial sobre la desaparición de esa oficina especial estaba plagado de inexactitudes y mentiras contumaces, entre las que sobresale la afirmación de que en Iguala, aquella noche trágica, hubo “un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada”, lo cual implica que los atacantes habrían sido los normalistas de Ayotzinapa, o sea las víctimas, a quienes la nueva CNDH implícitamente criminaliza.
Fue la gravedad de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 lo que llevó al entonces presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, por primera vez en la historia de la institución, a crear un grupo especial que se dedicara de tiempo completo a un caso específico. El equipo lo encabezó José Trinidad Larrieta Carrasco, auxiliado por abogados, médicos y especialistas en histopatología, odontología, antropología, química y genética forense, así como experimentados criminalistas y psicólogos.
Su trabajo, de casi cuatro años, derivó en un expediente, como ningún otro en su extensión, con mil trescientos tomos, más de un millón de páginas y una recomendación de dos mil 177 hojas, con 128 puntos recomendatorios y 224 propuestas de investigación dirigidas a 17 autoridades.
La creación de aquella oficina inspiró a la entonces Procuraduría General de la República para fundar la suya y la actual Fiscalía General de la República, bajo el mismo modelo, instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Bajo similares principios (dedicar un área específica para la atención de casos relevantes), a la señora Piedra se le ocurrió crear una Oficina Especial para una generalizadora vaguedad: Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia del Estado durante el Pasado Reciente.
Si difícil le será en la mayor parte de casos demostrar “violencia del Estado”, imposible resulta interpretar el periodo que abarca lo que imagina como “pasado reciente”.
Ignorante de casi todo (en la Comisión Permanente del Congreso llegaron a solicitarle que informara de “algo” que supiera), Rosario Piedra se pasa de ingenua: cree que desapareciendo la Oficina Especial para el Caso Iguala borrará sus acuciosos y valiosos resultados.
Minuto a minuto
