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Marx Arriaga Navarro se desempeñó en el ámbito académico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la SEP

Vivimos dos crisis: la sanitaria y la económica. En el frente de la salud, van 857 muertos. En lo económico, sabemos que se perdieron 346,878 empleos afiliados al IMSS, del 13 de marzo hasta el 6 de abril. No sabemos cuántos más se han perdido desde entonces, ni tampoco cómo va la mortalidad de las empresas, ¿cuántas han quebrado, de qué sectores, en qué regiones?

Para atender la crisis sanitaria, está el Consejo de Salubridad General y se han dado facultades extraordinarias al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En lo económico, no ha pasado casi nada: no tenemos plan, no existe un Consejo de Crisis Económica en sesión permanente y tampoco hay alguien que cumpla un papel equivalente al que desempeña López-Gatell en el frente sanitario.

México necesita un defensor de lo económico sentado en la mesa, donde se toman las grandes decisiones de manejo de la crisis del Covid-19. No estoy pensando en un dirigente empresarial, sino un miembro del gabinete que explique al presidente cómo funciona la economía y los mercados, que lleve el pulso a los signos vitales de la economía y agilice el tiempo de respuesta. Preocupa la enormidad de la crisis que viene contrastada con la pequeñez de las medidas anunciadas, pero también la lentitud con la que está reaccionando el gobierno. ¿Cuántos restaurantes cerrados se necesitan para tener un plan de atención al sector? ¿hay plan para el caso de que quiebren una o dos aerolíneas? ¿Quién se atreverá a decirle al presidente que 2 millones de créditos de 25,000 pesos no bastan para salvar a 2 millones de microempresas?

En el gabinete de AMLO, no hay un líder del tema económico con poder real. Esto ha quedado clarísimo en la crisis del Covid-19. La elaboración de la lista de actividades que deberían cerrar por ser no esenciales no pasó por ningún filtro o análisis que incorporara los criterios económicos. Hay riesgo de dislocación de cadenas productivas de la región TLCAN, porque México no tomó en cuenta la lista de actividades que seguirán trabajando que hizo EU. En otros países, como Alemania, Japón y EU los aspectos sanitarios predominan, pero los criterios económicos están presentes. En México, no ha sido así.

Una consecuencia de esto es que, dentro del gobierno, no se han asignado ni asumido responsabilidades por los resultados económicos: ¿quién está a cargo de evitar que mueran cientos de miles de empresas? ¿Quién es el responsable de evitar que se pierdan más empleos? ¿quién está revisando lo que pasa con las empresas estratégicas que no se llaman Pemex y que no pertenecen al gobierno? ¿Quién responde en caso de que la caída del PIB sea mayor a 6.6% que proyecta el FMI?

La pandemia ha desdibujado a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La negativa del gobierno a considerar las propuestas de los empresarios es la mejor prueba de la debilidad de Alfonso Romo. La pobreza de los planes macroeconómicos ante la crisis del coronavirus deja clara la poca relevancia que tiene en este momento Arturo Herrera. El secretario de Hacienda es competente y tiene una experiencia internacional que podría ser muy útil en este momento, si AMLO le hiciera caso. En todo el mundo, los ministerios de Hacienda o Tesoro están viviendo un periodo de ebullición porque se espera de ellos que provean soluciones extraordinarias para un momento extraordinario. En México, el secretario de Hacienda y el jefe de la Oficina de la Presidencia han sido relegados a papeles de reparto. Nadie piensa en ellos como pares de Hugo López- Gatell.