Me pregunto cuál sería el nivel de desarrollo de nuestro país si no se dieran estos malos manejos. La corrupción en sí misma es mala, es un delito, pero se convierte en una infamia cuando lesiona a los más pobres de México
LIC. RAQUEL BUENROSTRO,
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y
BUEN GOBIERNO:
Infamia: vileza, indignidad, abyección.
Diccionario de la Real Academia
Como en los tiempos del viejo PRI, MORENA cambia el nombre a los programas de gobierno por dos razones. La primera, para dejar en el imaginario colectivo que tal o cual programa es de la administración en turno; la segunda, cuando el programa sale mal.
Cuando inició el gobierno lopezobradorista, el entonces inquilino de Palacio Nacional cambió el nombre a CONASUPO, LICONSA y DICONSA, rebautizándolas en un solo organismo bajo el nombre de SEGALMEX; en este caso la decisión habría obedecido a la primera razón, máxime que se trataba de la distribución de alimentos y leche para zonas rurales, así como la comercialización de diversos productos a precios reducidos.
Después del escándalo del fraude por 15 mil millones de pesos, el segundo piso de la 4T decidió rebautizar el mencionado corporativo paraestatal como Alimentación para el Bienestar (AB); en este caso, el cambio de nombre se debería a la segunda razón. En últimas fechas, la presidenta ha presumido que ya tienen productos con marca propia, como café, arroz y chocolate; en teoría, la materia prima de esos bienes de consumo se adquiere a pequeños productores. Esperemos que así sea.
Sin embargo, de nada sirve cambiarle el nombre a la paraestatal si no se modifican sus políticas y procedimientos para funcionar. Lo menciono porque Alimentación para el Bienestar ha mantenido tratos con empresas de muy dudosa actuación, según las investigaciones de Empower y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Durante el sexenio pasado, cinco empresas recién creadas y con vínculos entre sí recibieron contratos por casi dos mil millones de pesos y este 2025 por lo menos una de ellas sigue siendo proveedora de AB. Y mire doña Raquel, no es que uno quiera ser mal pensado, pero Konkistolo lo mismo vendió enseres para cocina, que artículos de papelería o botiquines de primeros auxilios. Pelmu vendió papelería, lo mismo que salchichonería y productos de farmacia. FamilyDuck firmó pedidos por manzanas y artículos de higiene personal o de limpieza. Como que no cuadra.
Ninguna de las tres empresas está especializada ni es productora de los bienes que proveyeron, lo cual hace suponer que son simples intermediarios y, por lo tanto, añaden un porcentaje al precio de fábrica. En síntesis, estarían encareciendo los productos que deben llegar a precios accesibles a las personas con menos recursos del país.
Al inicio me referí a la falta de revisión de los procedimientos y controles. Las investigaciones de Empower y MvsCI encontraron que ninguna de estas tres empresas presentó datos verídicos; es decir, no están asentadas en los domicilios indicados y comparten “socios” cuyas identidades fueron robadas. Nadie en Segalmex y ahora en AB cotejó que los datos fueran reales, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ya les había puesto tarjeta amarilla en la revisión de 2023. Vamos, ni siquiera tienen página web donde detallen su trayectoria.
FamilyDuck, por ejemplo, “se convirtió en la segunda mayor proveedora de abarrotes para el Programa de Abasto Rural de Diconsa, con contratos superiores a los 800 millones de pesos entre 2024 y 2025”. Tal facturación fue mayor que la otorgada a MASECA.
Me pregunto qué se hace con los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, porque de no ser por organizaciones de la sociedad civil como Empower y MvsCI ni quien se entere. El caso de SEGALMEX fue tan escandaloso que se tuvo que proceder, pero solo contra algunos funcionarios y no contra la totalidad de los presuntamente involucrados. Del muy probable mal manejo de fondos con las cinco empresas antes mencionadas no tenemos ninguna noticia de que se haya procedido contra ellas y/o contra los funcionarios que les asignaron los contratos.
Ningún gobierno -de ninguno de los partidos que nos han gobernado- se ha tomado en serio el combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual fue creado en atención al Artículo 113 Constitucional, medio funciona al 30% porque la Junta de Coordinación Política del Congreso no ha tenido a bien designar a sus miembros. El SNA debiera de caminar de la mano de la Secretaría a su cargo, digo yo. Y peor se la voy a contar, cuando arman casos de muy probable corrupción, no se le toma en cuenta, según expresó la presidenta del Comité Organizador del Sistema, Vania Pérez Morales (El Universal, 26/8/2025).
Me pregunto cuál sería el nivel de desarrollo de nuestro país si no se dieran estos malos manejos. La corrupción en sí misma es mala, es un delito, pero se convierte en una infamia cuando lesiona a los más pobres de México.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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