¡Vaya!, hasta tendrían que ir a buscar a los cinco vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo de cada uno de los candidatos
La semana que comienza es crucial para la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Los tres Comités de Evaluación, uno por cada Poder de la Unión, analizan la elegibilidad de los casi 50 mil aspirantes que quieren concursar, en junio próximo, por un cargo de juzgador, y el sábado deberán entregar las listas definitivas.
En el Comité de Selección a cargo del Ejecutivo se inscribieron 18,447 y sólo podrá proponer 1,793 aspirantes.
En el del Legislativo, se anotaron 26 mil 883 aspirantes, la mayoría por correo electrónico. Podrá proponer, asimismo, 1,793.
En el Comité del Poder Judicial, se apuntaron 3 mil 805 y podrán seleccionar, también, 1,793.
La tarea que enfrentan es titánica.
Porque de ellos dependerá seleccionar a los mejores candidatos a jueces federales, magistrados y ministros.
Uno se imaginaría que un ejército de personas está detrás de la revisión de los documentos, perfiles y fama pública de los suspirantes.
Según las fechas establecidas en la convocatoria, el 24 de noviembre cerró el plazo para que se inscribieran quienes buscan un cargo de juzgador federal.
Es decir, en 20 días, del 25 de noviembre al 14 de diciembre, tendrán que revisar 49,135 expedientes. Esto es:
2,456 expedientes por día
102 por hora
1.7 expedientes por minuto.
Todo esto trabajando las 24 horas de cada uno de esos días.
Cuántas personas están haciendo la revisión, es un secreto.
En el Poder Judicial la revisión está a cargo de la Secretaría General de Acuerdos, que cuenta con unas 80 personas.
En los poderes Ejecutivo y Legislativo no se informó cuántas personas están abocadas en ello.
¿Serán las mejores personas para seleccionar los perfiles?
¿Y qué tienen que hacer estas personas?
Como primer paso, preguntar al tío Google si existe la persona, qué trayectoria tiene, su fama pública… hasta la fotografía.
Otra medida que deben tomar es indagar si no tienen antecedentes penales.
Verificar que las cédulas sean reales, en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP.
Pedir sus calificaciones o tiras de materias a las instituciones de donde dicen los abogados que egresaron.
Comprobar si las publicaciones que dicen que publicaron existen y corresponden a su autoría.
Ratificar la residencia que se exige en el país.
Leer 49 mil 135 ensayos, de tres hojas cada uno.
Si los empleos que dicen que ocuparon en sus hojas de vida son ciertos.
¡Vaya!, hasta tendrían que ir a buscar a los cinco vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo de cada uno de los candidatos.
¿Cómo sabrán los juzgadores de los candidatos a juzgadores si estos son aptos, si no tienen nexos inconfesables? ¿Cuánto tiempo les bastará? ¿Verificarán sólo los avecindados en la Ciudad de México? ¿Cómo podrán cotejar los datos de un abogado postulante del poblado más lejano en Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Baja California?
¿Cuánta gente se necesita para no convalidar lo absurdo? Al tiempo.
Monitor Republicano
Omar García Harfuch parece un funcionario eficiente, pero sus “genios” de Comunicación lo hacen lucir como inepto y desinformado.
Le están jugando las contras o son inútiles, a secas.
Dos pifias esta semana. En el golpazo contra el fentanilo en Sinaloa, el martes le ganó la Marina difundiendo el multimillonario decomiso, del que el propio secretario dio la impresión qué no tenía idea, estando él mismo en Culiacán.
Y el miércoles, del auto que estalló en Culiacán, como La Chimoltrufia, primero dijo una cosa y luego otra.
Lo perjudican, no lo ayudan. Pues allá él que los tolera.
Y neta, ¿así intentan “cuidarlo” para el 2030?
Minuto a minuto
