Contratos y reservas

En la desclasificación de la información reservada o confidencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra. Y el gobierno de la República —a diferencia de la postura adoptada con los contratos firmados con los intermediarios de los sistemas de vigilancia— se resiste a entregar la información que el INAI ha “ordenado” transparentar.

Los resolutivos de los comisionados del órgano garante del acceso a información a favor de las solicitudes tramitadas por 14 ciudadanos sobre los términos y condiciones de la adquisición de vacunas Covid-19 fueron recurridos por la Consejería Jurídica de la Presidencia, y la SCJN ha concedido la suspensión.

Los recursos de revisión tramitados por la representación jurídica del Ejecutivo federal apelan a la seguridad nacional. Y para efectos, la información seguirá bajo reserva hasta que los ministros resuelvan el fondo del asunto.

Los requirentes de la información coinciden esencialmente en sus búsquedas: conocer el costo unitario de las dosis y los suscriptores de los contratos. Además de apelar a la confidencialidad requerida por las empresas farmacéuticas, las entidades gubernamentales sostienen que la emergencia sanitaria obligaban a la rapidez, más que a una gestión austera.

A la inversa operaría la lógica imperante en el convenio firmado entre el Insabi —a nombre del gobierno de México— y la Oficina de Proyectos y Servicios de las Naciones Unidas para adquirir medicamentos y materiales de curación durante el 2021.

Las megacompras consolidadas quedarían atrás. Generar ahorros a través de eficiencias del proceso era el objetivo del mecanismo. El Insabi consolidó la demanda y los ajustes con las instituciones del sector salud y el UNOPS procedería a la adquisición de los insumos, en tres fases: una “licitación expedita” que contempló claves de medicamentos que se requerían de manera urgente; la negociación de claves de medicamentos patentados; y la licitación pública internacional, que abarcó la mayor parte del abastecimiento.

Los resultados: la UNOPS recibió ofertas para 82.1% de las claves licitadas y después de un riguroso proceso de revisión y evaluación asignó 50.3% de las misma a 164 proveedores, de los cuales 155 son proveedores nacionales y nueve internacionales.

Efectos secundarios
URGENCIA. Los representantes de los sectores obrero y patronal en el Consejo Técnico del IMSS respaldaron la moción presentada por el director de ese organismo, Zoe Robledo Aburto, para exhortar a la Comisión Permanente a convocar al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones, donde se modifique el decreto en materia de subcontratación laboral y se extiendan los plazos establecidos en los artículos transitorios de dicho decreto al 1 de septiembre del presente año. “El tiempo para la adecuación de los esquemas de trabajo ha resultado insuficiente, razón por la cual nos suscribimos a la pertinencia de ampliar los plazos de implementación de la reforma y reiteramos el llamado a la construcción de los acuerdos que sean necesarios para dar certidumbre jurídica a su aplicación”, insistieron.

RENOVACIONES. Francisco Cervantes termina su periodo como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales sin pena ni gloria, pero sobre todo con poca incidencia y sin haber descifrado a la Cuarta Transformación. Para ocupar la vacante está apuntado el actual presidente de la Comisión de Financiamiento en dicho organismo, Netzahualcóyotl Salvatierra, quien no es bien visto al tener tras de sí versiones sobre que fue especial beneficiario del gobierno de Diódoro Carrasco en Oaxaca, y que estuvo envuelto en malos manejos como secretario de las Infraestructuras.