Lo peor que pudieron hacer Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue confiar el caso Iguala a instancias internacionales (y algunas nacionales) que tienen secuestrada en su discurso ideológico la legítima causa de los derechos humanos y no haber confiado en las instituciones autónomas que demostraron eficacia y eficiencia.

Es el caso de la Comisión Nacional anterior que se le entregó (para que la degradara) a la señora Rosario Piedra.

La verdad de lo ocurrido en Iguala se condensa en la Recomendación que de manera criminal sigue sin acatarse. El significado de las siglas del GIEI debieran ser Grupo Interdisciplinario de Expertos en Insidia porque sus integrantes no investigan, sino sabotean, cualquier trabajo racional sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sus miembros vienen desde hace casi ocho años sembrando sospechas, dudas e insidias.

Cada uno de sus tres informes no ha hecho sino enturbiar las investigaciones que de manera sustantiva relata la satanizada “verdad histórica” y, como en el cuento de la Cándida Eréndira (García Márquez), el viento de la desgracia de las averiguaciones comenzó a soplar con el patético “informe” del “especialista” José Torero, quien sin peritaje alguno descalificó ese muladar como el sitio en que fueron quemados (hasta su carbonización) los restos de los normalistas asesinados por los narcotraficantes de la banda Guerreros Unidos.

De él y el GIEI es la mentira de que en ese lugar no ardió la hoguera que, en cambio, constataron el Equipo Argentino de Antropología Forense y los más prestigiados expertos internacionales en fuego, además de los especialistas de la Procuraduría General de la República, la UNAM, el Politécnico y el Instituto Mexicano del Petróleo y la CNDH. Las patrañas del GIEI prosiguieron con la exhibición del video que captó la incursión, entre otras autoridades, de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en el Río San Juan, afirmando que los restos hallados habían sido “sembrados” por quien terminó siendo perseguido por supuestos (pero falsos) actos de “tortura”, Tomás Zerón de Lucio.

El tercer atentado del GIEI a la justicia fue la difusión y retorcida interpretación de los videos de la llegada de personal de la Marina Armada al basurero. Consecuencia del sabotaje del GIEI a la verdad jurídica son hoy las agresivas manifestaciones de los representantes de los padres de Los 43 y sus sectarios compañeros de viaje del magisterio de la CNTE y otros vividores del dolor ajeno.

Ellos dicen ahora: “Nos han mentido durante siete años”, y demandan del presidente López Obrador “voluntad política” para “resolver el caso”, sumando al secretario de Marina —almirante José Rafael Ojeda Durán— a su lista de “culpables” de la desaparición de los estudiantes.

La verdad es la que bien saben: a los muchachos los levantaron policías municipales para entregarlos a sus asesinos y varios han sido identificados con algunos de los 63 mil fragmentos óseos que, por fortuna, las instituciones mexicanas encontraron…