La paridad en el Tribunal oaxaqueño será, en todo caso, un propósito de mediano plazo. La renovación que permita eliminar el sesgo muratista es una tarea más complicada y tal vez más ardua
Tras de haber obtenido 60% de los votos, Salomón Jara asumió la gubernatura de Oaxaca hace un año. El Ejecutivo morenista llegaría respaldado por una mayoría morenista en el Congreso local y con la intención manifiesta de generar un cambio en el Poder Judicial, último reducto de las administraciones pasadas.
En los últimos dos años de su sexenio, el gobernador Alejandro Murat nombró a nueve nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia; entre ellos, su exconsejero jurídico, Ángel Alejo Torres y el exvicefiscal estatal, Alejandro Magno González Antonio. Eran los tiempos en los que el fiscal Raúl Peimbert, soñaba con suceder al priista.
Un año antes de entregar el poder, Murat ratificó a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, quienes cumplirían su encargo durante siete años. Apenas si permanecieron 18 meses en esa posición. Atendiendo las recomendaciones de su consejero jurídico, Geovanny Vásquez Sagredo, decretó la desaparición de esa instancia hace cuatro meses. Los magistrados afectados impugnaron la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Norma Piña ya estaba al frente del Tribunal Pleno, pero algunos juristas oaxaqueños que habían alcanzado relevancia durante la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, preservan su influencia: el magistrado Constancio Carrasco Daza, expresidente del TEPJF, y Alejandro González Bernabé, quien llegó al Consejo de la Judicatura Federal en el 2019.
En la misma tónica de la administración federal, el gobernador Jara formuló públicamente críticas y señalamientos hacia el Poder Judicial oaxaqueño, encabezado por el magistrado presidente, Eduardo Pinacho Sánchez, quien concluye su periodo dentro de un mes.
En marcha el “Plan C” (que culminaría con la implantación de una nueva Corte electa por voto popular), Oaxaca podría sumarse al grupo de entidades federativas donde se han empoderado magistrados cercanos a la Cuarta Transformación. En esos esfuerzos trabajó el entonces ministro Zaldívar de Lelo de Larrea y las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes junto con González Bernabé y el magistrado Juvenal Carbajal Díaz, impulsan la postulación de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez —actual titular de la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca— como nueva titular del Poder Judicial en la entidad.
El magistrado federal actualmente no integra sala, pues está adscrito a la ponencia de la ministra Esquivel Mossa. Y desde esa privilegiada posición se convirtió en un mediador útil en asuntos que involucraban al Ejecutivo oaxaqueño en el anterior sexenio, gracias al exconsejero jurídico. Paradójicamente ahora mismo pretende hacer lo mismo con el gobernador morenista.
La paridad en el Tribunal oaxaqueño será, en todo caso, un propósito de mediano plazo. La renovación que permita eliminar el sesgo muratista es una tarea más complicada y tal vez más ardua.
La transformación del Poder Judicial en Oaxaca quedaría supeditada a los designios del nuevo asesor de la coordinadora de los comités para la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum… ¿sin tomar en cuenta a los actores políticos locales?
Efectos secundarios
ESCOLLOS. Ante la intermitencia de la aplicación móvil habilitada por el INE para recabar apoyos para su candidatura presidencial, Eduardo Verástegui solicitó una prórroga para recolectar las firmas, hasta el 18 de enero de 2024. En una denuncia que presentó ante la Comisión de Quejas del INE, sus representantes aportaron más de 120 evidencias técnicas de las principales anomalías detectadas por su equipo de campaña en todo el país. Entre los problemas detectados destacan las inconsistencias para firmar, problemas para la autentificación de auxiliares, fallas en envíos de apoyos y no reconocimiento del código QR.
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