¿Congresos fraudulentos?

Por separado, los partidos que integran el Bloque de Contención acudieron hace un año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar sendas acciones de inconstitucionalidad para demandar la invalidez del artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California.

El Partido de Baja California, de registro local, y la CNDH también pidieron la anulación de la llamada Ley Bonilla, que ampliaba el periodo del gobernador electo en el 2019 de dos a cinco años. Un “gran fraude a la Constitución y al proceso democrático”, definió el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al definir su voto a favor del proyecto de Fernando Franco González Salas. Unánime, el fallo que restaura el orden legal y obliga al mandatario morenista a respetar las reglas de la competencia democrática.

Los legisladores fronterizos, juzgó el ministro presidente, cometieron un “ilícito constitucional atípico”, una “maquinación a través de la cual se quiso burlar la voluntad popular”.

Zanjada la discusión sobre la pertinencia de la Ley Bonilla, los reflectores deben virar rápidamente hacia Veracruz, donde las directivas locales y nacionales del PAN, el PRI y el PRD –extrañamente Movimiento Ciudadano aún no se pronuncia al respecto– han decidido ir juntos, contra la iniciativa de reforma electoral, presentada hace 10 días por la mayoría morenista en el Congreso local.

La contingencia sanitaria no fue pretexto. El argumento central es la austeridad. Y sin buscar el consenso del resto de las fuerzas políticas, la bancada que encabeza Juan Javier Gómez Casarín, presentó una propuesta “de última generación”, que buscaría incorporar: el voto electrónico y la consulta popular que a la postre impedirá la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular.

El cambio de fondo radica en la propuesta de adelgazar la estructura del órgano electoral, para desaparecer los 217 consejos electorales –uno por cada municipio– y concentrar la organización electoral y el conteo de votos en sólo 30 consejos distritales.

El remedio sería peor que la enfermedad, de acuerdo a los críticos de la propuesta, pues además de generar un incremento en el gasto –ahora por concentración de funciones y competencias– se afectaría el principio constitucional de certeza y la capacidad de las autoridades electorales para realizar el cómputo de las elecciones, ya que existen distritos locales que concentrarían paqueterías de hasta 18 municipios, como es el caso de Zongolica y Misantla, lo que limitaría la participación y vigilancia de los ciudadanos participantes.

Para los partidos del bloque opositor, esta intentona refleja la verdadera intención del partido en el poder: “dinamitar la estructura democrática y de representación mediante la cual accedieron al poder e indudablemente buscan proteger al titular del Ejecutivo estatal”.

Efectos secundarios
ATAJOS. Seis años después de la cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad que conectaría a la CDMX con Querétaro, la China Railway Construction Corporation (CRCC) se plantará en territorio azteca, aunque no será por la vía férrea. Dos de sus tres propuestas para el Tren Maya están por resolverse, pero lo que ya se concretó fue su adquisición de 75% de las acciones de Aldesa, el grupo español que durante el peñismo consolidó su presencia como desarrollador de proyectos de infraestructura.

FRENTES. Marginados de Palacio Nacional, los dirigentes empresariales cada vez se quedan con menos interlocutores en la Cuarta Transformación. Un bloque de organismos cúpula –entre los que se cuentan Concamin, Canacintra, Concanaco Servytur, el Consejo Nacional Agropecuario y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas– irá contra el proyecto de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, impulsado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, mismo que amenaza la existencia del actual sistema de metrología y normalización nacional. Por lo pronto, han emplazado al líder de la mayoría morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, para convocar a un Parlamento Abierto y analizar el tema con expertos y autoridades en la materia, pues hasta ahora la Dirección de Normas, de Alfonso Guati, se ha encargado de presionar a los legisladores para sacar esta ley, con el argumento de que forma parte del paquete de reformas para la implementación del T-MEC. La fecha límite en el Senado para la recepción de quejas y opiniones es este 15 de mayo.

DESCUIDOS. Sergio Delfino Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, presentó una denuncia ante la delegación de la FGR en Aguascalientes, contra la alcaldesa de la capital hidrocálida, Tere Jiménez, quien convocó a un homenaje a médicos y enfermeras –hace cinco días– que derivó en un mini carnaval a las afueras de dos hospitales Covid del IMSS. De acuerdo al denunciante, en la caravana participaron vehículos oficiales y patrullas, no se respetaron las medidas de sana distancia, se expuso innecesariamente a los profesionales de la salud y se incurrió en promoción indebida, pues en los edificios federales se proyectaron imágenes y logotipos del ayuntamiento panista.