Después de dos décadas, la violencia generada por las disputas entre las organizaciones criminales por el control del territorio ha dejado una estela de sangre y destrucción
Falta un mes para que se cumplan 19 años del despliegue de las Fuerzas Federales en Michoacán. Apenas cumpliría dos semanas Felipe Calderón en la Presidencia de la República cuando firmó la orden ejecutiva con la que inició lo que entonces se denominó Operación Michoacán.
Los festejos guadalupanos protegieron la llegada de las tropas a Aguililla. El Ejecutivo panista ha sostenido que su decisión obedeció a la solicitud de apoyo formulada por el entonces gobernador perredista, Lázaro Cárdenas Batel —actual jefe de la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum— para enfrentar a La Familia.
Antes de la Navidad, más de 6,500 soldados acantonaban en aquella zona de Michoacán. “Se escribirán nuevas páginas de gloria. Les orden que perseveren hasta alcanzar la gloria: No daremos tregua ni cuartel a los enemigos de México”, dijo Calderón en la conmemoración del día del Ejército. Y en enero del 2007, otros 3,000 efectivos ejecutaron la Operación Tijuana. Declarar la guerra contra el narcotráfico sirvió a la administración calderonista en la negociación con George W. Bush, quien finalmente autorizó la Iniciativa Mérida.
Desde entonces y hasta el 2024, en el país se registraron 486,000 homicidios y 130,000 desaparecidos. Los carteles han sido designados organizaciones terroristas por la administración Trump, lo que le permitiría ordenar operaciones militares para combatirlos.
Una década después de la declaración de guerra a los carteles, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos clasificó a México como el segundo conflicto armado más mortífero del mundo en 2017. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del entonces canciller Luis Videgaray, rechazó esa denominación.
La pacificación de México, propuso su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. ¿Su estrategia? Atacar las causas —la desigualdad y la pobreza— y reconstruir el tejido social. El claudismo apuesta, además, por el trabajo de inteligencia y un mando policiaco único de facto, instrumentalizado con las mesas de seguridad a las que han debido acudir gobernadores y alcaldes.
Sinaloa y Guanajuato han sido los principales escenarios de las fuerzas federales, aunque recientes sucesos registrados en otra docena de entidades federativas requerirían operativos extensos. La Tierra Caliente —área geográfica que comprende Guerrero, Estado de México y Michoacán— pasa por un periodo álgido y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no dudó para alzar la voz y urgir a la intervención federal.
Las circunstancias de su deceso marcan un punto de inflexión, aunque la administración morenista se queja del oportunismo político y denuncia una presunta manipulación de los jóvenes que reclaman la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ante la falta de resultados.
¿Mercenarios de la tragedia o una sociedad a la que se le ha acabado la paciencia ante la inacción? La indignación del gobierno no corresponde con el hartazgo popular. Y tampoco, ante la gravedad de la situación.
Después de dos décadas, la violencia generada por las disputas entre las organizaciones criminales por el control del territorio ha dejado una estela de sangre y destrucción. Académicos y analistas especializados en estas materias no dudan en señalar que se trata de un conflicto armado híbrido. Colombia, Filipinas y Haití son espejos en los que bien podríamos vernos reflejados.
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