Bajo el título Seguridad o socialización del delito, con el problemón que representan los huachicoleros de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Jalisco, este lunes insistí en la necesaria legislación que el Congreso federal viene escamoteando a los mexicanos. En una veintena de municipios poblanos, sobre todo en Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco y Acajete, … Continued
Bajo el título Seguridad o socialización del delito, con el problemón que representan los huachicoleros de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Jalisco, este lunes insistí en la necesaria legislación que el Congreso federal viene escamoteando a los mexicanos.
En una veintena de municipios poblanos, sobre todo en Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco y Acajete, poblaciones enteras (las excepciones, de haberlas, han de residir aterradas) viven de crímenes que van del robo de combustible y otros giros negros al asesinato de civiles y, en los últimos días, de soldados.
Si se quiere que “el gobierno” (autoridades de los tres niveles electas por mayoría) pueda enfrentar este flagelo (irresoluble apostando solo a fuerzas federales, policías municipales y estatales o alcaldes honrados y demás ilusiones cándidas), los diputados y senadores tienen la obligación de diseñar un mando policial único o mixto, y la cada vez más urgente ley de seguridad interior.
Pero a ellos, en su muladar político, les tiene sin cuidado que la peste cunda.
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