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Uno de los representantes legales de los padres de Los 43, en su ofensiva para tirar el caso (de la que comencé a ocuparme ayer aquí), tiene preocupaciones excluyentes entre sí respecto de un mismo probable criminal: Agustín García Reyes, de Guerreros Unidos, cuyo testimonio propició el hallazgo de los fragmentos carbonizados en el río San Juan.

Es el abogado Sergio Méndez, de Pro Persona, quien con argucias en apariencia legales no deja claro si le interesa que se castigue a los culpables o se les deje en libertad.

Califica (El Universal del sábado reciente) de “grave” que la Seido consintiera que El Chereje fuera llevado al San Juan sin que mediara (supone) algún oficio de autorización, lo cual (¿acaso es su defensor?) viola el debido proceso y hace posible su excarcelación.

Méndez es de los activistas en la negación de la quema de cuerpos en el basurero de Cocula y la localización de restos en el río.

Pero (¡chíngale!): si El Chereje es inocente (y su testimonio fue arrancado con torturas), ¿por qué preocuparse de que el testigo decisivo del atroz desenlace quede en libertad?

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