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El que los mexicanos tengamos garantizadas casi 200 millones de dosis de vacunas es el mayor y más encomiable acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a la pandemia.

Sería mezquino dejar de reconocer y aplaudir las tempranas previsiones que se tuvieron desde los primeros meses del azote y el exitoso desempeño del canciller Marcelo Ebrard en el aseguramiento del abasto suficiente para inyectar a la mayoría de la población y se alcance la inmunidad colectiva (o “de rebaño”): más o menos 90 millones de receptores (alrededor de 70  por ciento la población nacional, poco más de 126 millones).

Abundan razones para la todavía insuficiente disposición de las distintas vacunas, pero todo indica que se regularizarán las entregas.

Lo que se impone ahora es que su aplicación se realice de manera lógica y sensata, echando mano de todas las instancias y niveles de gobierno que pueden y deben participar.

Sin embargo, sigue siendo incomprensible la intrusión de los ex promotores del voto de Morena en el programa de vacunación.

Su inclusión es innecesaria y humillante para dos grandes grupos sociales: agravia tanto a los trabajadores del sistema público de salud como a los más de 15 millones de mayores de 60 años obligados a tratar con ellos.

Como bien se sabe, a través de la Secretaría de Bienestar, su activismo en las campañas electorales de 2018 fue recompensado con su contratación para el reparto de dinero y otros apoyos provenientes del erario a los viejitos y personas con discapacidad, lo cual hacían, como rezaba el bordado de sus chalecos, en nombre del Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que haiga sido como haiga sido que se les dio chamba, en rigor forman parte de la burocracia nacional, pero no caben en la justa expresión “servidores públicos” porque su republicano título nobiliario es el eufemístico “servidores de la nación”, que los distingue de lo que se conoce como “trabajadores al servicio del Estado”.

Su papel en la vacunación es impreciso: primero colaron a cuatro en cada una de 10 mil brigadas (que también conforman cuatro militares, dos “voluntarios” y dos de personal sanitario), y luego en el azaroso sondeo telefónico donde quien llama previene a requirentes de vacuna que un “servidor de la nación” se comunicará otro día para decirles a dónde acudir para que se les inyecte.

Alguna chicharra debió sonar en las alturas de la 4T para recordar las ventajas de un procedimiento menos antiguo para que los adultos mayores puedan ser inscritos en un padrón electrónico pero ¡chin!, en vez de recurrir a la UNAM, el Poli o Conacyt, la tarea se le confió a gente curtida en el pásate la desa y el a’i se va, por eso no arranca.

El caso es que en esa página se siguen diez pasos, el último de los cuales vuelve a preocupar: esperar la llamada de un “servidor de la nación” que proporcionará fecha, hora y lugar que le toque al vacunable.

¿Y por qué no de un olvidado trabajador administrativo del sector Salud…?