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El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, ha tomado un rol central en la relación entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 26 de septiembre de 2014.

Durante más de un año, la iniciativa la llevaron los padres de los estudiantes, con apoyo de organizaciones civiles de derechos humanos, mientras la PGR de Jesús Murillo realizaba la investigación.

La presencia de los expertos independientes de la CIDH vino a reforzar la percepción mediática de que habían desplazado a las instancias jurisdiccionales del gobierno mexicano hasta que se dio el segundo encuentro de padres y familiares de los desaparecidos con el Presidente de la República, el pasado 24 de septiembre, en el Museo Tecnológico de la CFE, en el que a petición de los padres de los normalistas, la investigación pasaría de la Seido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a cargo de Eber Omar Betanzos, y que los especialistas del GIEI serían coadyuvantes de la averiguación.

Esta decisión, central, afloró en el encuentro del martes en la CIDH, entre comisionados, expertos y representantes del gobierno mexicano, con padres de familia, sus abogados y representantes de las organizaciones civiles de derechos humanos que los han acompañado en este largo y desesperado viaje.

En el frente mediático, en que el gobierno ha ido perdiendo una a una, casi todas, podría haberse logrado un vuelco en el orden de las cosas al quedar, finalmente, en claro que, por ley, la investigación está en las manos exclusivas del Ministerio Público de la Federación, y que los Expertos Independientes de la CIDH son coadyuvantes.

Y que cualquier diligencia que quieran desahogar será, siempre, a través de la PGR, lo que viene a poner un poco de orden, al menos, en la percepción de la investigación.

RETALES

1. Cuarteles. El mismo Campa aclaró que los expertos de la CIDH nunca han solicitado la revisión del cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Que han sido los padres y sus voceros los que lo han pedido;

2. Dinero. Es impresionante la capacidad de organización que mantuvo siempre Joaquín Guzmán Loera, ahora que se revela cómo operó su fuga y a cuánta gente movió. Este caso tiene que servir para reformar las normas internas de los penales federales, y de los locales, claro; y

3. Anulación. No resistió el .18 por ciento de ventaja de Ignacio Peralta, y la intromisión grosera del gobernador de Colima, Mario Anguiano, en el proceso electoral, y el Tribunal Electoral anuló las elecciones del pasado 7 de junio, como hace 12 años, por la intervención del entonces gobernador Fernando Moreno Peña.

Nos vemos el martes, pero en privado

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