Dijo la CNDH que “la disposición a dialogar no justifica que, si se determina la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas”
Se destacó en medios que la CNDH consideró positivo que el gobierno busque privilegiar el diálogo sobre el uso de la fuerza para resolver el bloqueo de vías ferroviarias, pero se quedó en las teclas la otra parte de la respuesta a la queja que el gobierno de la República presentó a la Comisión por la acción ilegal de la CNTE.
Dijo la CNDH: “la disposición a dialogar no justifica que, si se determina la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas”.
Y les explicó: “respetar los derechos humanos no implica que no puedan ejercer sus atribuciones legales”. Más adelante advierte que “la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir conducta que viole derechos fundamentales”. Derecha la flecha.
Ahora van por el Fondo Minero
Conste que el gobernador de Chihuahua Javier Corral, por razones que no viene al caso contar, no está en la lista de políticos favoritos de quien estas líneas escribe. Es más, nunca, puede asegurarse estaremos en su club de fans; pero en esta ocasión hay que darle la razón.
Denuncia algo que pasó desapercibido, que el 28 de diciembre se modificó el marco legal del Fideicomiso Minero, uno que ha permitido que un porcentaje de los impuestos de las empresas mineras se utilizan en obras en los municipios donde operan.
Anunciaron Corral y 20 alcaldes chihuahuenses la presentación de una controversia constitucional porque ya no fluirán esos fondos a los municipios, se quedan en al gobierno federal. Lo anunció el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, “vamos por el dinero de los fideicomisos”.
Harán de Ayotzinapa historia sin fin
El caso de los normalistas asesinados en Iguala, malamente llamado “caso Ayotzinapa”, porque políticamente convirtieron en víctimas a todos los jóvenes estudiantes, ahora, como nunca, será botín de innumerables intereses, legítimos y otros no tanto.
Anunció el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas la formación de una “comisión de la verdad”, mientras, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero dice que toda la investigación empezará de nuevo.
Nadie dijo que pasará con los procesos ante tribunales y con los acusados en dichos procesos. A nadie le importa, porque lo políticamente correcto es hacer del mal llamado “caso Ayotzinapa” una conveniente “historia sin fin”. La justicia es lo de menos.
NOTAS EN REMOLINO
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