Si todo está en regla, la transparencia lo acreditará. Si no lo está, el costo reputacional y social recae sobre quienes financiaron, administraron o permitieron que el sistema fallara
En pistas variadas transcurren las disputas en torno al Refugio Franciscano. El caso ha provocado múltiples episodios que han ameritado esfuerzos extraordinarios del equipo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que han sido rebasados por los involucrados.
De la protección de los animales en desamparo a los cárteles inmobiliarios, la discusión pública sobre este tema se ha extendido casi un mes. Y el saldo de opinión es desastroso para todas las partes.
La trama inmobiliaria antecede la polémica por presunto maltrato animal en el refugio; este último asunto se resuelve en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-3C/D/00431/05-2022 de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Paralelamente, existe un ángulo financiero y administrativo que ha recibido poca atención: la dualidad operativa de la institución. El refugio capta recursos bajo dos figuras legales distintas: como Asociación Civil, y como Institución de Asistencia Privada, figura que permite la deducibilidad fiscal.
Bajo esta segunda figura, la ley obliga a presentar anualmente su Declaración Informativa de Transparencia. Y en estos reportes que se presentan ante el SAT es donde surgen inconsistencias notables entre sus ingresos y la realidad operativa.
De acuerdo con su última declaración, correspondiente al ejercicio 2024, la institución reportó donativos por más de 7 millones de pesos. De estos, 3.6 millones fueron aportaciones en efectivo, mientras que el resto corresponde a donativos en especie (principalmente alimento para perros y gatos) por parte de Nestlé México.
La generosidad de la firma multinacional garantizaba cubrir las necesidades alimentarias y los gastos operativos también. Distintas personalidades y organizaciones dedicadas a la protección animal han sido incívicos en sus denuncias por el hacinamiento extremo, el maltrato y las omisiones veterinarias, que quedaron consignadas en la carpeta de investigación que desahoga la Fiscalía capitalina,
En cuanto a financiamiento histórico, también se ha reportado que la Fundación Haghenbeck otorgó más de 15 millones de pesos en donativos al refugio entre 2017 y 2021, dato que alimenta la discusión pública sobre responsabilidades, supervisión y destino de recursos.
Sus ingresos como Asociación Civil ahora mismo están bajo la lupa y las suspicacias se extienden a los donadores, entre ellos, Grupo Bimbo, aunque los registros de la IAP presentados la autoridad tributaría no tienen ese reporte.
A las inconsistencias se suma que el número de animales reportados al SAT difiere del publicado en su propio sitio web. Ambos registros no coinciden con el censo levantado por la Fiscalía tras el operativo.
En su propio sitio, el Refugio Franciscano ha afirmado tener “más de 2,000 perros y 300 gatos”. En su cuenta institucional de Instagram, se ha difundido otra cifra: “1,095 perritos y 39 gatitos”. Estas cifras no coinciden entre sí ni con el conteo oficial reportado por la Fiscalía (936 animales identificados previo al operativo).
Por ahora, la fiscalía capitalina solo investiga el presunto maltrato. El escrutinio público de las semanas recientes también servirá para precisar lo que ocurrió en cada periodo de custodia y cómo se administraron los recursos.
Si todo está en regla, la transparencia lo acreditará. Si no lo está, el costo reputacional y social recae sobre quienes financiaron, administraron o permitieron que el sistema fallara.
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