En estos tiempos se usan los bloqueos para rescatar aquel bloqueo que hiciera el presidente en Paseo de la Reforma
El bloqueo a la carretera México – Puebla que abrió un carril solamente ante la promesa de que en la negociación se les conceda más dinero por sus terrenos, tiene más tintes políticos y económicos que de búsqueda de justicia.
Luego de 50 horas de cierre el titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, la noche del jueves se acordó liberar el tránsito en un carril de la autopista solamente.
En pleno periodo de diálogo y antes de haber agotado todas las instancias judiciales para llegar al extremo de cerrar carreteras, los ejidatarios de diferentes zonas de Puebla exigen precios desproporcionados al gobierno, azuzados por los abogados, quienes reciben doble pago: el de los ejidatarios, por su trabajo, y el de quienes les interesa que haya conflictos sociales en plena transición de gobierno, que les pagan por prolongar el conflicto, a unos días de cambio de Presidente de la República.
La autopista México – Puebla, una de las más transitadas del país, fue entregada el 5 de mayo de 1962 por Adolfo López Mateos, desde esa fecha los campesinos exigen un pago justo por sus terrenos. Los anteriores gobiernos hicieron caso omiso de la exigencia, hasta que llegó Morena al poder y se ofreció a liquidar esta deuda con los ejidatarios. Aunque en 2015 se le entregaron 176 millones de pesos como parcialidad, al resto que nunca entregó esa administración. Esa cantidad no llegó a los campesinos, se quedó en manos del comisariado ejidal, los afectados no pelearon esa injusticia y ahora piden cantidades que nada tienen que ver con la realidad.
El ofrecimiento del gobierno consiste en pagar de acuerdo al avalúo, el cual arrojará la cantidad que debe pagarse. Pero en ninguna de las mesas de diálogo establecidas para llegar a un acuerdo han aceptado los ejidatarios que se pague de esa manera. La influencia de los licenciados, encabezados por Jorge Portilla Alba, los convocan a pedir más porque sus honorarios son proporcionales al monto de lo que pague el gobierno.
Hace 62 años o más les compraron los terrenos a precios de engaño, hubo un pago mínimo, ahora piden que no haya avalúos y que le paguen lo que ellos consideran que valen los terrenos.
El problema ha mantenido una actividad cotidiana prácticamente desde el inicio del actual gobierno, ahora, a finales de la administración comienzan los cierres de la autopista causando daños severos, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Miguel Ángel Martínez, señala que el cierre genera pérdidas económicas por 10 mil millones de pesos del sector.
La medida que adoptan los campesinos es desproporcionada, incluso afectan a sus propias comunidades que se aíslan con su cierre, están ahorcando las arterias de comunicación que ellos utilizan; sin embargo, los abogados que supuestamente defienden la causa prolongan el conflicto hasta convertirlo en un problema internacional y que, de ser posible, traspase las fronteras.
La oposición está urgida de argumentos para desgastar al gobierno que eligió el pueblo, y cualquier pretexto es bueno a la hora de deteriorar la imagen de un gobierno que se va y del que llega.
Ya avisó el gobierno que se están realizando los avalúos, se cuenta además con el dinero de los campesinos, pero los abogados dicen no estar de acuerdo con ellos.
Si un servidor público paga más del precio marcado por el avalúo incurre en un delito de la administración pública. Independientemente de que no debe satisfacerse la avaricia de los abogados que manipulan a los campesinos. Esto lo saben los abogados, pero persisten en radicalizar medidas que llamen la atención sobre un problema que se está atendiendo.
Los cierres de carreteras habían sido la expresión de quienes ya habían agotado todas las instancias y no les hacían caso, sólo entonces se procedía a medidas como esas. La mayoría de los casos eran reprimidos, había muertos, heridos y desaparecidos.
Ahora que no hay represión no tienen ningún pretexto para tomar medidas que afectan a todo el país. Porque la lucha no es la antigua exigencia de recuperar tierras o de rescatar del latifundio sus propiedades, es por más dinero de lo que ofrece el gobierno, es decir, están protestado en favor de los abogados y no de su causa.
Se arrastra un conflicto con varios sexenios de antigüedad de manera radical y con presiones que afectan a todo el país, problemas que tienen 62 años, que no se han dejado de atender y que se han otorgado pagos parciales.
La respuesta de los inconformes no es coherente a las acciones. Con estos cierres la población rechaza las medidas sin saber las causas y toda protesta social, aunque sea justa, es mal vista por la población gracias a movimientos como éstos que pelean convenios y parcelas, pero de poder dentro de un conflicto donde los verdaderos afectados ni siquiera se benefician, pero son utilizados para colocar las piedras pesadas, los troncos de árboles y quemar llantas en los retenes.
En estos tiempos se usan los bloqueos para rescatar aquel bloqueo que hiciera el presidente en Paseo de la Reforma. Es un reto para ver la manera en que puede replicar sin aludirse y delimitar sin hacer referencia a sus propias acciones. Las causas son muy diferentes.
PEGA Y CORRE. – La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia electoral de México, señaló que las impugnaciones de la oposición contra la candidata de Claudia Sheinbaum carecían de valor judicial, lo cual anuncia que todo estará listo para que el 15 de agosto reciba su constancia de presidenta electa.
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