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Si no bastara la explicación de la Secretaría de Hacienda para entender la patraña de la supuesta “represalia” contra las finanzas de Chihuahua, con creer, como afirmó ayer la subsecretaria Vanessa Rubio, que se trata de un intento de “extorsión” a la dependencia federal; o si fuera mentira que el tema con el que el gobernador Javier Corral armó el escándalo tiene propósitos electorales en apoyo del PRD, el MC y el PAN a la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, conviene atender lo declarado por Jacqueline Peschard en nombre de la única instancia sólida que (por lo pronto) existe para el combate de la corrupción:

“Lo que pasa es que esto ya ha derivado en una cosa mucho más política y en esto sí, tanto yo como el Comité de Participación Ciudadana, ya nos alejamos…”.

Entre las precisiones de la subsecretaria Rubio sobresale que la misma situación técnica, jurídica y financiera de estas partidas discrecionales (no contempladas en la ley) en la que se encuentra Chihuahua están Zacatecas y Tlaxcala, gobernadas por priistas que apechugan sin hacerla de jamón…

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