En el ámbito de lo comercial, inclusive, pudiera debatirse si privilegiar a Pemex y la CFE atenta o no contra los derechos humanos
Un experto constitucionalista me hace ver que la eventual reforma de la Constitución para legitimar la contrarreforma eléctrica no necesariamente violaría los tratados internacionales que México ha suscrito porque el único equiparable con la Carta Magna se refiere de manera específica a los derechos humanos, no a los acuerdos comerciales.
La precisión importa porque diluye las expectativas de quienes equivocadamente, como es mi caso, suponíamos que el remiendo haría inaplicable la nueva ley de la industria eléctrica.
Así pues, en el tema que ha enfrentado a los poderes Ejecutivo y Judicial no aplica en lo que aprobó el Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia en sus sesiones del 26, 27 y 29 de agosto y 2 y 3 de septiembre de 2013, sobre la Contradicción de Tesis 293/2011, cuando el máximo tribunal determinó “que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”.
Más allá de que la Corte llegue a ocuparse de si los tratados comerciales que México tiene comprometidos tienen o no rango constitucional, las baterías legales que representan a las empresas particulares de energía podrán argumentar y quizá demostrar que la contrarreforma eléctrica atenta contra los derechos humanos, de modo que su demanda de amparo contra la nueva ley encaje en la Contradicción de Tesis 293.
Dilucidar el asunto no es tan simple como reducirlo a la diferencia obvia entre un acto de tortura o desaparición forzada con el monto de los pagos del servicio de electricidad, pero se antoja que sí en caso de apelar a los efectos nocivos y potencialmente letales de la emisión de humos y gases contaminantes que afectan la salud de poblaciones enteras porque, como se sabe, la Comisión Federal de Electricidad produce su mayor cantidad de energía quemando combustibles fósiles tan tóxicos como el combustóleo y el carbón.
En el ámbito de lo comercial, inclusive, pudiera debatirse si privilegiar a Pemex y la CFE atenta o no contra los derechos humanos, limitando (si no es que negando) a los consumidores la libertad de elegir a quién comprarle combustible: ¿a empresas públicas ineficientes que contaminan y venden más caro, o a las particulares que producen electricidad tan limpia y renovable como la solar o la eólica?
A generadoras privadas como las que el presidente López Obrador está utilizando como punching bags (Bimbo, OXXO, Walmart), lo que se les afecta (entre otros) es el derecho que tienen a la libre competencia.
Las mismas compañías y las demás —especialmente la española Iberdrola, la más “mala” de la película— debieran tomarle la palabra al Presidente, quien ayer ofreció: “Vamos a pedir en esta semana que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen y, si lo consideran los beneficiarios de estos subsidios, que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios…”.
Eso evitaría el desgreñe en tribunales y otro discutible parche a la ya muy manoseada Constitución.
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