Lo verdaderamente trascendente será que ningún integrante de esa presunta estructura quede fuera del alcance de la ley por influencias, relaciones políticas o posición dentro del servicio público
La lucha contra el despojo patrimonial no puede quedarse en el papel. Si las investigaciones realmente alcanzan a jueces, notarios, abogados litigantes, funcionarios judiciales y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad, Veracruz podría estar frente a uno de los procesos más relevantes para combatir la corrupción que durante años permitió que familias perdieran el patrimonio construido con décadas de esfuerzo.
Las declaraciones de la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, marcan una ruta que deberá sostenerse con hechos. Confirmó que ya existen diversas carpetas judicializadas, varias audiencias iniciales desahogadas y otras investigaciones en integración, por lo que en las siguientes etapas procesales podrían solicitarse nuevas órdenes de aprehensión.
Debido a la naturaleza de los delitos relacionados con fraude procesal y despojo patrimonial, la Fiscalía privilegia inicialmente la comparecencia voluntaria de los imputados. Sin embargo, cuando éstos incumplen con el llamado judicial, el procedimiento permite solicitar órdenes de aprehensión. Es un mecanismo previsto por la ley que debe aplicarse con rigor y sin excepciones.
Otro aspecto relevante es que las investigaciones no se concentran en una sola área. Los expedientes donde aparecen abogados litigantes permanecen en las fiscalías regionales; cuando los señalados son notarios públicos, los casos son investigados por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales; y cuando existen servidores públicos involucrados, las carpetas son turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Más importante aún es el mensaje de fondo: las líneas de investigación seguirán las pruebas, sin importar el cargo, la profesión o la investidura de quien resulte implicado. Esa es la única manera de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Durante demasiado tiempo existió la percepción de que determinados cargos otorgaban protección frente a la justicia. Si hoy se investiga a quienes integraban o facilitaban una posible red de despojos, el Estado tiene la obligación de demostrar que la ley alcanza por igual a todos.
El ejemplo más reciente es la vinculación a proceso de Salvador “N”, acusado de fraude procesal dentro de una investigación relacionada con una vivienda ubicada en la colonia Isleta, en Xalapa. También fue confirmada la ejecución de una orden de aprehensión contra un notario de la región Córdoba-Orizaba, aunque los detalles permanecen reservados para no comprometer las investigaciones. Son avances que deberán traducirse en procesos sólidos y sentencias cuando las pruebas así lo acrediten.
Resulta igualmente acertado que la Fiscalía haya establecido como prioridad mantener comunicación permanente con las víctimas. Informar el avance de las carpetas, explicar las etapas procesales y garantizar el derecho a conocer el estado de cada investigación no sólo fortalece el acceso a la justicia, sino que devuelve certidumbre a quienes durante meses o años sintieron que sus denuncias permanecían archivadas.
Desde finales de 2025, decenas de familias denunciaron públicamente una presunta red dedicada al despojo de inmuebles mediante documentos presuntamente apócrifos, pagarés, juicios civiles y resoluciones judiciales irregulares. Los testimonios coincidían en señalar la posible participación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos. Por ello, las víctimas exigieron que las investigaciones no se limitaran a los operadores visibles, sino que alcanzaran a todos los responsables.
No basta con integrar carpetas o ejecutar algunas órdenes de aprehensión. Lo verdaderamente trascendente será que ningún integrante de esa presunta estructura quede fuera del alcance de la ley por influencias, relaciones políticas o posición dentro del servicio público.
Cuando el patrimonio de las familias está en juego, la justicia no admite privilegios. Veracruz necesita enviar un mensaje firme de que el crimen, cualquiera que sea la forma en que se presente, no encontrará protección institucional. Si las investigaciones llegan hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades se fincan con apego al debido proceso, el Estado habrá dado un paso importante para recuperar la confianza ciudadana.
Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.
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