Los primeros días del futuro gobierno han sido los de un gobierno en funciones
Los primeros días del futuro gobierno han sido los de un gobierno en funciones. La disonancia pública del hecho fue sugerida por Alejandro Hope:
“El riesgo de actuar como gobierno sin serlo es que la gente te empiece a juzgar como gobierno antes de serlo” (@hope71).
Si uno lee con cuidado los 50 lineamientos de López Obrador para “combatir la corrupción” y establecer “la austeridad republicana”, lo que ve en el fondo es un proyecto de centralización del poder, un regreso del mundo de la dispersión democrática vigente al de la autoridad central perdida. Se trata, diría yo, de un rechazo cabal al acuerdo político subyacente que se refleja en la administración pública del México de hoy.
De ahí que tantos lineamientos tengan que ver con cambios en las reglas de la burocracia, en las leyes, los costos, los usos, abusos y costumbres del gobierno federal.
El acuerdo político desafiado podría resumirse cínicamente, en voz de los gobernantes, de la siguiente manera:
“Aquí nadie gobierna, aquí todos gobernamos, todos nos bloqueamos, todos nos tapamos nuestras ineficiencias, nuestras corruptelas, nuestras obligaciones mal cumplidas y nuestros abusos mal castigados. Aquí vamos todos juntos, desgobernando la República, cada uno en su nivel, y cada uno con las rentas que logra extraer del desorden”.
Las frases anteriores resumen gruesamente el desastre político del pacto
federal mexicano, que ha sido sometido a los equilibrios deseables de la democracia (elecciones, alternancia), pero a ninguno de sus controles (legalidad, rendición de cuentas). Es un fenómeno descrito desde el primer día por los medios, la academia y los observadores de la escena mexicana. El proyecto de ruptura de López Obrador con este estado de cosas, tiene dos grandes vertientes.
La primera es contra el llamado “pacto federal”: la relación del gobierno federal con los gobiernos locales.
La segunda es contra la burocracia federal misma: contra su centralización laboral en Ciudad de México, contra su franja de empleados de confianza, los no sindicalizados, y contra la alta burocracia, rebosante, según el diagnóstico, de dispendios, privilegios, nepotismo y tratos y contratos corruptos.
Ambas ofensivas dibujan un proyecto de centralización del poder territorial, político y burocrático en el Presidente.
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