La federación intervendrá directamente en la obra pública municipal, sin injerencia de los gobernadores, sean o no morenistas
En septiembre del 2023, al inicio del sexenio de Delfina Gómez, Almoloya de Juárez fue incluido en la lista de municipios mexiquenses de alta prioridad. Su relevancia económica o demográfica no fueron los factores que definieron su ingreso a dicho conglomerado, preeminente para la Cuarta Transformación, sino su ubicación a la cabeza de la lista de los 15 municipios más inseguros del país.
Después de siete cuatrimestres, aquella localidad del poniente del Estado de México —sede del penal de máxima seguridad y una cárcel estatal— ha registrado una tenue disminución, en la percepción de inseguridad. Pero otros municipios de alta prioridad (Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos y Lerma) no muestran mejoras. Tampoco, en los “municipios emergentes”, la siguiente categoría prioritaria para el oficialismo; todo lo contrario: Metepec, Nezahualcóyotl y San Mateo Atenco acusan “incrementos preocupantes”.
La inseguridad es la principal fuente del desacuerdo popular con los gobiernos cuatroteístas en el Estado de México. Y los baches en calles y avenidas se mantienen como el problema más reportado a lo largo de los primeros siete trimestres del mandato de Delfina Gómez y los dos primeros de Claudia Sheinbaum.
Los malos resultados en materia de infraestructura urbana —específicamente en vialidades y alumbrado público— de la administración delfinista ya fueron advertidos por el gobierno central. Y el reclamo presidencial aplicó, tanto para alcaldes de la zona Oriente, como para los altos mandos mexiquenses. “No han hecho nada”, sentenció.
El barómetro del descontento mexiquense que sustentó el regaño presidencial es la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana. En municipios como Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 88% de los ciudadanos encuestados identifica los baches como uno de los principales problemas urbanos. La infraestructura vial, ya precaria desde administraciones anteriores, parece haberse agravado en los últimos meses.
Desde el arranque de su administración, Delfina dejó la atención de esos problemas al exdiputado morenista Mario Ariel Juárez. La Junta de Caminos del Estado de México ejerce un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos anuales mediante esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios y sus resultados son prácticamente nulos en el mantenimiento de caminos y en la coordinación intermunicipal para atender la red vial secundaria.
Ante la inacción de la Junta de Caminos, la presidenta Sheinbaum habría instruido a la gobernadora Gómez a replantear el modelo de gestión: ahora los municipios, especialmente los del oriente mexiquense, podrán recibir fondos federales de manera directa para atender las vialidades y el alumbrado. Hace unos días, la misma presidenta anunció que el gobierno federal entregara a los municipios maquinaria para realizar esos trabajos.
A partir del regaño presidencial, ahora participan los alcaldes mexiquenses —al menos dos veces al mes— en las mesas de seguridad. En la siguiente sesión podrían generarse otros reclamos, por los resultados de la elección judicial. Particularmente a nivel local, por la unción de Héctor Macedo García como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados asignó 30,476 millones de pesos para la conservación de la red carretera en el 2025. El Bachetón detectó 288,694 baches en los 45,903 kilómetros de carreteras que corren en las 32 entidades federativas.
La federación intervendrá directamente en la obra pública municipal, sin injerencia de los gobernadores, sean o no morenistas. En la primera etapa, los recursos del Bachetón —provenientes de economías diseñadas por la Secretaría de Hacienda y transferidas a la SICT— fueron dispersados en 16 estados de la República. Al final del 2025, se habrán restaurado 817 kilómetros de carreteras libres de peajes.
Hacienda recuperó 11,000 millones de pesos y 55% de esos recursos fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la reparación de los tramos carreteros afectados por las obras del Tren Maya. Sobre el ejercicio de esos recursos y el avance de tales enmiendas en los estados del sur-sureste, no hay información pública. Tampoco, reclamos a los ingenieros castrenses.
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