Y cuando ese miedo se defiende a golpes en un recinto legislativo, el retrato queda completo: menos transparencia, más autoritarismo y una convicción acendrada de que gobernar es ocultar
El gobierno capitalino quiere extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas y crear un “órgano desconcentrado” de su Contraloría que, promete, asumirá sus funciones.
Con ello se enturbia más la característica opacidad de la “cuarta transformación”, destruyendo todo lo que estorbe al obradorato.
La discusión de ayer en el Congreso local retrató el fondo y la forma del oficialismo: una legisladora morenista recurrió a la violencia física contra una panista, y se desataron golpes, forcejeos y jalones de cabello que exhibieron la prepotencia con que se impone lo que al gobierno le da su gana.
El entierro del Instituto es parte de una ruta bien conocida: ya se había hecho lo propio con el Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para absorber y controlar sus funciones: el vigilado se convirtió en vigilante, el evaluado en evaluador y el sujeto obligado es juez y parte.
La absorción de las tareas es puramente declarativa, porque los mecanismos para garantizar el acceso a la información se desdibujan y neutralizan.
El propósito es mañoso y obvio: quien controla la información controla el relato, administra el silencio y decide qué permite conocer y qué le conviene ocultar.
Una y otra vez la 4T ha dejado claro que su proyecto político-ideológico pasa por el control absoluto de los resortes del poder, sobre todo las instituciones y organismos del Estado que se construyeron para fiscalizarlo.
El mensaje es inequívoco: que los gobernados desconozcamos contratos, adjudicaciones, padrones, costos reales de obras, criterios de gasto y resultados de auditorías, y mucho menos que accedamos a datos que desnuden los negocios turbios, las redes de complicidad y el uso patrimonialista de los recursos públicos.
No es casual que esta ofensiva contra otra entidad autónoma coincida con un clima creciente de denuncias por corrupción, improvisación y escamoteo de información comprometedora.
En el primer año de la presidenta Sheinbaum, no solo ha continuado el deterioro institucional que heredó de su mentor, sino se ha profundizado.
La proclama de “austeridad” y “honestidad” convive con un manejo cada vez más hermético de los tejes y manejes, así como una paranoide y creciente intolerancia a la crítica.
Desaparecida la separación republicana de poderes y engendrado un acordeonizado Poder Judicial, la extinción de los institutos de transparencia no es una medida administrativa ni un ajuste técnico-presupuestal: es una decisión facciosa que delata la desconfianza del régimen en los ciudadanos y su pavor a la rendición de cuentas.
Y cuando ese miedo se defiende a golpes en un recinto legislativo, el retrato queda completo: menos transparencia, más autoritarismo y una convicción acendrada de que gobernar es ocultar.
La opacidad no es un defecto del nuevo sistema: es el sistema mismo.
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