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LIC. ERNESTINA GODOY,

CONSEJERA JURÍDICA,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

 Asalto: acometida, agresión,

embestida, atraco.

Diccionario de la RAE

En mis muchos años de periodista, no recuerdo ninguna verdadera crisis constitucional como la actual. México ha vivido muchos conflictos políticos de grandes dimensiones, pero ninguno entre los Poderes de la Unión.

En los días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum sentenció que Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Novena de Distrito con sede en Coatzacoalcos, se había extralimitado al ordenarle eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de fecha 15 de septiembre sobre la Reforma al Poder Judicial (RPJ).

La jueza Juárez dio un plazo de 24 horas la eliminación y, de no acatarse la orden, daría vista la Ministerio Público. No es que sea una acelerada; lo cierto es que tanto la Presidencia como el DOF incumplieron una primera orden de suspensión provisional.

No es la única orden; hay 140 más enviadas al Instituto Nacional Electoral, razón por la cual este organismo detuvo los trabajos de organización de elecciones de jueces. Los consejeros y funcionarios del INE, quienes no gozan del fuero ni del poder de la presidenta, se andan con cuidado para no caer en desacato y ya solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelva sobre el asunto.

El argumento de nuestra mandataria, y que usted reiteró en la mañanera del viernes, es que “hay jurisprudencia en la que se ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional.” Agregó usted que la tarea reformadora del Congreso constituye “una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo.”

Todo depende, doña Ernestina… Todo depende.

La jueza Juárez -y para el caso, los demás jueces que han solicitado la suspensión de la RPJ- están concediendo el amparo en atención a la violación de los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial. Así que, dígame usted: ¿qué tiene más valor: los derechos humanos que son eje y sustento de nuestra Constitución o “la función reformadora del Congreso”? Y, dicho sea de paso, esa función reformadora sobre el Poder Judicial se dio con muchos asegunes legislativos y sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de resolver.

Lo verdaderamente grave, muy grave, de la situación es que la presidenta Sheinbaum estaría cayendo en desacato a una orden judicial y en una confrontación abierta entre un Poder de la Unión con otro. Si esto no es una crisis constitucional, platíqueme qué es.

Mire, doña Ernestina, yo entiendo que a la presidenta Sheinbaum no le haga gracia la orden de suspensión. Sin embargo, en vez de apelar la decisión de la juez Juárez, como dictan la legalidad y la institucionalidad, tuvo por toda respuesta su intención de denunciar la impartidora de justicia ante el Consejo de la Judicatura; al respecto, cabe destacar que este último cuerpo jurídico últimamente se ha mostrado descaradamente a favor de la 4T.

¿Qué mensaje manda nuestra mandataria con esta decisión? Que la legalidad le tiene sin cuidado y que juez que no se avenga a sus deseos, ya sabe a qué atenerse. Lo anterior entra en franca contradicción con lo que hace una semana doña Claudia juró y perjuró ante los CEOs de las grandes empresas nacionales y extranjeras, en el sentido de que no tenía ninguna intención de dominar al Poder Judicial, por lo cual no debían temer por la independencia de dicho poder, ni por la certeza jurídica. Si los CEOs tenían alguna reserva, pues creo que ya tienen la respuesta sobre las intenciones reales de la 4T.

Con otra, licenciada Godoy: uno de los argumentos para la RPJ es que el 2 de junio “el pueblo” votó por elegir a los jueces y magistrados. Como ya he comentado, durante su campaña la ahora presidenta preguntaba a los asistentes de los mítines si querían una mejor justicia; hasta yo hubiera levantado la mano, doña Ernestina. Sí, queremos una mejor justicia, pero esta reforma no nos la va a dar.

Todas las ilegalidades y sofismas alrededor de la RPJ nos llevan a preguntarnos, por ejemplo, si mañana “el pueblo” o “el poder reformador soberano” del Congreso deciden que ya no quieren tal o cual inversión en X población, ¿tienen la facultad de cancelarla? O si deciden que la propiedad privada ya no será de por vida, sino temporal, ¿tienen la facultad de aprobarlo? O si deciden que la educación pública debe promover los principios ideológicos de la 4T, ¿tienen la facultad de imponerlo?

Ya para despedirme, le dejo por aquí algunas palabra de Norberto Bobbio:

“Derechos del hombre, democracia y paz son tres momentos necesarios del mismo movimiento histórico: sin derechos del hombre reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no se dan las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos.”

La RPJ no cumple con lo expresado magistral y sintéticamente por Bobbio. Como nos la quieran poner, licenciada Godoy, lo que están haciendo es un asalto a la República.

Con la colaboración de Upa Ruiz

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