Dice el dicho que “golpe dado ni Dios lo quita” y es aplicable al pasado Proceso Electoral Extraordinario (PEE) del Poder Judicial
LIC. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
SENADO DE LA REPÚBLICA:
+Farsa: engaño, mentira,
enredo, simulación.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Dice el dicho que “golpe dado ni Dios lo quita” y es aplicable al pasado Proceso Electoral Extraordinario (PEE) del Poder Judicial, pero eso no quiere decir que debamos esperar sentados a que se nos aseste otro golpe igual en 2027 para cuando se elija a la otra mitad de impartidores de justicia.
En este espacio, como en muchos otros, señalamos las muchas dudas que dicho proceso generaba en cuanto a su legalidad y legitimidad. Ahora, con datos duros, el Observatorio Electoral Judicial ha rendido su Informe Final sobre Integridad Electoral para el Proceso Electoral Judicial 2024-2025 y las conclusiones son todavía más alarmantes.
A lo largo de los últimos meses, el Observatorio emitió reportes cada 15 días, los cuales fueron preparados por organizaciones de la mayor solidez intelectual y ética, como son México Evalúa, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Laboratorio Electoral y Di-sentir. A lo largo de sus 60 páginas, el Informe analiza la integridad de la contienda y las distintas etapas del proceso, como la aprobación de la Reforma del Poder Judicial, proceso de evaluación de las candidaturas, organización de la elección, justicia electoral, etc.
El Informe coincide en los puntos nodales con el reporte rendido por la Comisión de Observadores Electorales de la OEA, con el valor agregado de que abunda en datos duros y es un estudio a lo largo del tiempo. Además de señalar las fallas, el Informe contiene valiosas recomendaciones para subsanarlas.
De entrada, el documento señala que la Reforma se implementó “sin un marco jurídico adecuado, lo cual genera incertidumbre”; es decir, no contaba con una ley reglamentaria y se recurrió al marco de la Ley Electoral, siendo que ésta es aplicable a partidos. Si algo no puede tener una elección es dudas sobre las reglas del procedimiento; tanto la autoridad como los contendientes tienen que saber a qué atenerse. Pero como el Congreso decidió que los comicios judiciales iban adelante como fuera, el INE tuvo que emitir ¡300 acuerdos! para subsanar las lagunas.
¿Quién preparará la ley reglamentaria? Se esperaría que, si los Poderes tienen un mínimo de responsabilidad y civilidad, la ley reglamentaria sea ampliamente discutida, no solo al interior del Legislativo, sino con juristas de alto nivel, además de elaborarla con suficiente tiempo para la organización de los siguientes comicios.
Otra de las grandes fallas del PEE fue que las convocatorias eran muy vagas, “ya que no estableció requisitos mínimos de imparcialidad ni procedimientos estandarizados, lo que fomentó la discrecionalidad y la falta de transparencia. (…Así, se corrió) el riesgo de que los Comités de Evaluación se convirtieran en herramientas políticas”.
En consecuencia, tampoco hubo una metodología mínima y homogénea para depurar las listas de aspirantes; mientras el Comité del Poder Judicial utilizó puntuaciones, el Comité del Poder Ejecutivo utilizó criterios subjetivos. Al no contar con un andamiaje jurídico adecuado ni una metodología para la selección de aspirantes, las listas preparadas por los tres Poderes estuvieron llenas de inconsistencias.
A lo anterior se suma la injerencia del poder político en la promoción de los comicios, al no haber socializado el PEE con la ciudadanía. “Una decisión del TEPJF, emitida en una votación dividida, permitió que servidores públicos promovieran la participación ciudadana, creando una zona gris que fue aprovechada para influir en la contienda. Esta ambigüedad legal se materializó en la distribución de ‘acordeones’ o listas de candidaturas afines, una práctica de coacción velada operada desde estructuras de gobiernos locales que fue denunciada por decenas de organizaciones”.
El hecho de que muchos de los candidatos que aparecían en los ‘acordeones’ resultaran ganadores, lo interpreta el Observatorio “no como una simple falta a las reglas; es una estrategia que socava la autonomía del Poder Judicial desde su concepción y siembra dudas razonables sobre su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo del poder político”. Se suponía que la elección de impartidores de justicia era para hacer al Poder Judicial más fuerte y, por lo que se ve, solo se logró hacerlo más a modo.
Un hallazgo por demás preocupante fue que el Observatorio Electoral “advirtió que la violencia representó un riesgo latente para las elecciones judiciales, destacando la posible intromisión del crimen organizado. (…) Los factores de riesgo incluyeron disputas territoriales, la vulnerabilidad institucional y la gran cantidad de cargos en juego, lo que aumentó las opciones de captura por parte de grupos criminales”.
El espacio se me acaba, así que me despido con una frase del Dr. Javier Martín Reyes que aparece en la introducción del Informe:
“El Proceso Electoral Extraordinario (del Poder Judicial) fue una elección carente de autenticidad, se operó desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio.”
Ahora cuéntenos, señor senador, ¿qué piensan hacer al respecto?
Con la colaboración de Upa Ruiz
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