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ALEJANDRO GERTZ MANERO,

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Muy zarandeado está el avispero, don Alejandro.

Por un lado, el Departamento de Seguridad Nacional retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como a su esposo, Carlos Torres Torres. Por el otro, por primera vez se formalizó una acusación de narcoterrorismo en contra de dos delincuentes mexicanos; tal fue la imputación hecha por el fiscal Federal del Distrito Sur de California, EUA, hacia Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel.

Vayamos al primer caso. El gobierno estadounidense no ha informado -ni informará- al mexicano las razones para la cancelación de las visas; en última instancia, puede aducir que la suspensión es “consistente con el interés público”. Los trascendidos hablan de presuntas conductas ilegales relacionadas con el huachicol fiscal, así como vinculación a las actividades irregulares de su cuñado, Luis Alfonso Torres Torres cuando estuvo al frente de la aduana de Tijuana.

La llegada de doña Marina del Pilar a la gubernatura, así como sus primeros años como mandataria estatal, han tenido destellos y no precisamente favorables, doctor Gertz. Su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, hizo gran escándalo allá por 2022, cuando en Tijuana aparecieron mantas reclamando a Ávila no estar cumpliendo los acuerdos con grupos criminales. Como ocurría en la administración pasada, desde la mañanera y a través de visitas personales, el entonces presidente la exoneró.

Poco después, dos líderes pesqueros de orígenes totalmente distintos fueron asesinados en Baja California. Primero fue Sunshine Antonio Rodríguez, quien se comportaba activista en defensa de los pescadores, al tiempo que era acusado de pertenecer al Cártel del Mar, dedicado a la pesca ilegal; horas después de su muerte y a 200 km de la capital estatal, otros dos personajes cercanos a Rodríguez fueron acribillados. Los victimarios nunca fueron atrapados.

Luego vino el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en la entidad, justo después de haber denunciado a las mafias de la pesca ilegal, así como la extorsión de la que eran objeto los empresarios y restauranteros del ramo.

La violencia en Baja California no ha sido contenida por la gobernadora Ávila. Lo mismo se dan atentados en Ensenada, que ataques con bombas molotov a las oficinas de la Fiscalía Estatal en Tecate o amenazas de muerte al cantante Peso Pluma. Lo cierto es que los grupos delincuenciales tienen asentados sus reales en la entidad desde hace cuatro décadas. De hecho y aunque disminuido, sigue operando el cártel de los Arellano Félix, ahora en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Del otro lado se ubican las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Rusos, y ya sabemos cómo se las gastan en sus confrontaciones.

Baja California tiene uno de los índices más altos de letalidad, don Alejandro, pues se dan 64 asesinatos por cada 100 mil habitantes; para que nos ubiquemos, pasando de 25 se considera casi zona de guerra. Aún más, Tijuana es la 5ª ciudad más violenta del mundo y la 2ª a nivel nacional.

El caso de los Inzunza es igualmente complicado, aunque por otras razones. Padre e hijo operan en Baja California como miembros del Cártel de los Beltrán Leyva y ligados al CJNG, para el cual presuntamente producen y trafican con fentanilo en cantidades industriales. Al ser acusados de narcoterrorismo y de acuerdo con las leyes estadounidenses, las autoridades del vecino país se asumen habilitadas para actuar fuera de su territorio.

Tanto en el caso de la gobernadora Ávila como en el de los Inzunza nos falta mucho por ver. Lo único claro que Estados Unidos cada día da una vuelta más a la tuerca y, con acciones como estas, deja muy mal parada a la 4T.

Ahora platíquenos, doctor Gertz: ¿qué investigaciones ha llevado a cabo la FGR sobre ambos casos? No se sabe de ninguna…

Con la colaboración de Upa Ruiz

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