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LIC. RAQUEL BUENROSTRO,

SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO:

 No somos iguales.

AMLO

Como parte de la reestructuración de la administración pública federal, la dependencia a su cargo está por crear 98 Unidades de Responsabilidades, las cuales tendrán la función de realizar “auditorías estratégicas, revisiones eficientes y transparentes para garantizar el buen uso del erario federal”. Dichas unidades estarán enclavadas en las secretarías y órganos dependientes del Poder Ejecutivo.

Es de celebrar que la vigilancia se reactive, pues en el último año de la pasada administración desaparecieron los Órganos Internos de Control, supongo que fue porque el entonces inquilino de Palacio Nacional creyó que había terminado de barrer la escalera de la corrupción. Nada más lejano de la realidad.

Como decía, se aplaude la creación de la Unidades de Responsabilidades, solo que surge la duda sobre qué va a pasar con los expedientes públicos sobre presuntos actos de corrupción. Espero que no sea borrón y cuenta nueva.

Antes de que prescriban las presuntas faltas, moches, malversaciones y estafas, valdría la pena que le echara un ojo a algunos de los siguientes casos. El más sonado es el SEGALMEX, dado que alcanzó los 14 mil millones; lo grave es que apenas se ha judicializado el 1% del monto birlado.  Lo preocupante es este organismo está por fusionarse con Diconsa para convertirse en Alimentación del Bienestar; no vaya a ser que con la conversión el fraude se mande al cuarto de los trebejos.

Hay otros casos sospechosos de los cuales se desconoce si se abrieron carpetas de investigación porque sus expedientes están sellados. ¿Seguirán así, señora secretaria? Me refiero a las mega obras; por ejemplo, la construcción de Dos Bocas, obra que no solo costó el doble, sino que el 75% de los contratos fueron por adjudicación directa, según lo revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MvsCI, La corrupción en el sexenio de AMLO, 16/12/2024).

Luego están los numerosos reportajes de LatinUs y MvsCI que mostraron un presunto conflicto de intereses o tráfico de influencias, como usted le quiera llamar, alrededor de los contratos obtenidos por Amílcar Olán para dotar de mobiliario urbano a Tabasco y Campeche. Y ese mismo empresario recibió un contrato para surtir medicamentos a Quintan Roo, siendo un giro totalmente distinto y en el cual no tenía experiencia. No solo fue la facilidad con la cual el empresario logró los contratos gracias a su amistad con Andrés López Beltrán, sino que ni siquiera tuvo la mínima decencia de entregar los materiales adecuados para la obra del Tren Maya. ¿Lo va a dejar pasar?

La malversación en el ISSSTE ha tenido consecuencias mínimas y eso que asciende a 15 mil millones de pesos. El fraude estuvo en incrementar ilegalmente las pensiones, además de duplicar el pago a proveedores y contratar empresas incapaces de rendir el servicio pactado, lo cual debió requerir una red bastante amplia entre los funcionarios; sin embargo, solo cinco fueron vinculados a proceso.

En esto del combate a la corrupción, me temo que estará usted sola, porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dudo que le sea de utilidad, a menos de cambien de titular. Mire, doña Raquel, resulta que de las revisiones realizadas por la ASF entre 2019 y 2023, todavía falta por aclarar el destino de 217 mil millones de pesos. ¿Sabe usted si la ASF procedió a hacer las denuncias administrativas o penales correspondientes?

Durante el sexenio pasado, la Auditoría se puso muy a modo. Baste decir que canceló 194 auditorías, lo cual es irregular por decir lo menos, y en la última entrega realizada, seis entidades no recibieron ni siquiera una observación (MvsCI, 16/12/2024). No estoy implicando que necesariamente se cometieran fraudes en esos estados, a lo que voy es que no existe gestión perfecta a la cual no se le haya olvidado incorporar alguna factura o algún informe de resultados.

Y le reitero que estará sola en esta batalla, doña Raquel, porque una de las recomendaciones de este organismo internacional es que los países cuenten con un sistema de justicia independiente. Como usted sabe, el Poder Judicial está por ser colonizado por MORENA a través de la elección de jueces, magistrados y ministros.

El combate a la corrupción no es un asunto de hacer leyes más estrictas, sino de aplicarlas. De hecho y de acuerdo con estándares internacionales, la legislación mexicana en la materia es muy completa, solo que ni quien le haga caso y eso lleva a que nuestro país se ubique en el lugar 120 de 180 naciones medidas por Transparencia Internacional. México apenas logra 32 puntos en un máximo de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por dicho organismo.

¿Algún día se acabarán los moches, los contratos a modo y los sobornos? Reducirlos al mínimo será una tarea vital si la presidenta Sheinbaum quiere atraer inversiones anuales de 100 mil millones de dólares y que éstos se reflejen en el bien de la sociedad.

Así que cuénteme, ¿qué tan firme será su mano?

Con la colaboración de Upa Ruiz

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