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LIC. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA,

PRESIDENTE DEL SENADO:

Capricho: arbitrariedad,

atropello, injusticia, abuso.

Diccionario de la RAE

Ya sé que usted no quiere escuchar ninguna sugerencia sobre la Reforma al Poder Judicial (RPJ). Ya dijo usted que no hay poder humano que la detenga, ni siquiera convirtiendo ilegalmente la mayoría calificada de en 85 senadores en vez de los 86 que deben ser.

La Reforma, tal y como está, no va a solucionar ninguno de los problemas que actualmente tiene el Poder Judicial, solo los va a complicar más; no es solo la elección de jueces, sino que tampoco contempla todos los elementos que conforman la justicia.

Por ello, le sugiero que antes de votar, echen un ojo usted y sus correligionarios al documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, el cual se encuentra en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El documento “sistematiza 20 transformaciones centrales que surgieron del Encuentro Nacional, Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, desarrollado en 14 sedes diferentes de todo el país”. En el Encuentro participaron tres mil 279 de distintas disciplinas y ámbitos, “haciendo énfasis en las necesidades de las personas usuarias del sistema de justicia” y, me permito agregar, no en la necesidad política de satisfacer el capricho presidencial.

A diferencia de la RPJ lopezobradorista, en el documento sí se abarcan todos los componentes de la justicia en cinco ejes temáticos: seguridad pública, justicia penal, poderes judiciales locales, ética y legitimidad institucional, y corrupción y nepotismo. De cada uno de los ejes hace un diagnóstico profundo y propone 66 grandes recomendaciones, todas ellas necesarias, pero ninguna de las cuales está en la RPJ.

Mire, don Gerardo, ustedes los morenistas se llenan la boca hablando de lo pobres y la RPJ no incluye, por ejemplo, a la defensoría de oficio. Vea qué datos: “Las defensorías de las entidades federativas cuentan con personal de defensa penal y asesoría jurídica que asciende a seis mil 363 personas, quienes atienden casi 2.5 millones de asuntos anuales”. Hablamos de 1.4 casos por día laboral. Ni el más hábil abogado es capaz de abordar tantos casos al día.

Son poquísimos los defensores, mal pagados (20 mil pesos mensuales) y están concentrados territorialmente. Así no puede haber justicia pronta y expedita para la gente vulnerable por ingresos. El Instituto Federal de Defensoría Pública anda por las mismas.

Y no crea que el PJ no reconoce sus fallas. El documento expone el nepotismo existente en el PJ señalando que, en 2022, 49% de los servidores públicos tenían un familiar en el PJ. Al respecto se han tomado las siguientes medidas; 1) Se estableció un Padrón de Relaciones Familiares; 2) Se fortalecieron las prohibiciones para contratar de manera temporal o rotativa a los parientes; 3) Se fortaleció un Comité de Integridad que revisa los nombramientos.

Resultado de lo tales medidas, para 2024, el número de servidores públicos con un familiar en el PJ se redujo a 37%. Falta mucho por hacer, es cierto, pero van en el sentido correcto y como complemento se propone fortalecer el servicio civil de carrera para las áreas administrativas, así como la meritocracia para ascender en el escalafón. Nada de esto se contempla en la RPJ, porque tiene una visión simplista.

En cuanto a la corrupción, el documento puntualiza que en el Consejo de la Judicatura hay cuatro mil 80 quejas contra personal de los juzgados. El punto no es solo cifra, sino que el documento propone simplificar las etapas de investigación y substanciación de los casos de las malas conductas reportadas; armonizar los procedimientos de acuerdo con los estándares internacionales y, muy importante, “transparentar el número, origen y estado de las investigaciones, medidas cautelares, procesos y sanciones disciplinarias”. Así, si una persona juzgadora, sus ayudantes o el personal administrativo están en entredicho, nada las encubrirá. Nada de esto en la RPJ porque ustedes quieren acabar con la corrupción sin enfrentarla.

Otro tema de llamar la atención es lo mal que está distribuido el presupuesto para la justicia: la justicia local de todas las entidades recibe menos presupuesto que la federal, siendo que ha de atender la mayoría de los casos. Al hablar de justicia local, el documento incluye a los juzgados estatales, sino también a las fiscalías, defensores públicos y ministerios públicos de los estados, demostrando que les falta personal de todo tipo y recursos, mucho más recursos y más personal.

El espacio no me da para tocar otros puntos interesantísimos del documento, como son la justicia para grupos indígenas, menores de edad, mujeres y discapacitados; el problema de las prisiones y la capacitación de los ministerios públicos, entre otros.

Como ve, señor senador Fernández, el Poder Judicial sí quiere un reforma, pero que sea integral, no una ocurrencia cargada de venganza.

Con la colaboración de Upa Ruiz

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