La obsesión por la equidad presidió los consensos de la reforma política de 1996. Tuvo su expresión mayor en las reglas de financiamiento público para los partidos. Se quería resolver, emparejando el piso, la práctica gubernamental de financiar a trasmano las campañas del PRI. La reforma estableció que todos los partidos recibieran lo que antes … Continued
La obsesión por la equidad presidió los consensos de la reforma política de 1996. Tuvo su expresión mayor en las reglas de financiamiento público para los partidos.
Se quería resolver, emparejando el piso, la práctica gubernamental de financiar a trasmano las campañas del PRI.
La reforma estableció que todos los partidos recibieran lo que antes solo recibía el PRI, con un criterio clave: “Que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (Art. 41 constitucional, fracción II). Autorizar mucho dinero privado podía dar poder a los ricos o dejar entrar el narco.
La Ley General de Partidos Políticos fijó luego que las aportaciones privadas fueran de hasta “el diez por ciento del tope de gasto” (Art. 56). De modo que: 90% dinero público y 10% dinero privado.
Esta prohibición terminó creando partidos rentistas del erario. También, sobre todo, un mercado negro de dinero electoral.
Nos hemos referido a ese problema repetidamente en este espacio: todos los contendientes en las elecciones mexicanas gastan el dinero público que reciben y además traen a las elecciones cantidades enormes, nunca medidas ni registradas, de dinero no autorizado por la legislación.
Quien quiere ser competitivo en las elecciones así diseñadas, debe traer dinero negro a su campaña, debe saltarse las restricciones legales. El efecto corruptor de esta práctica apenas puede exagerarse.
Aquí, como en otros ámbitos de nuestra vida pública, una ley exigente y restrictiva ha creado mercados negros e incentivos para violar la ley.
El mercado negro electoral es una de las fuentes de la opacidad y la corrupción que tanto reprocha la ciudadanía en su clase política.
Creo que hay que transparentar ese mercado levantando las restricciones que lo crearon y abriendo a fiscalización rigurosa las finanzas reales totales, públicas y privadas, de cada campaña.
Hay que responsabilizar también personalmente a los candidatos, no a los partidos, de las irregularidades financieras de sus campañas. La imposible equidad debe ceder en esto el paso a la transparencia posible, y la abstracta responsabilidad partidaria a la precisa responsabilidad individual.
La ilusión de que el dinero público puede pagar la democracia debe ser revisada radicalmente. La sociedad toda debe pagar por su democracia, no solo el erario.
Minuto a minuto
