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El grupo político que hoy gobierna exigió a Enrique Peña aceptar una comisión internacional que investigara la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El expresidente aceptó y, el Estado mexicano, pagó medio millón de dólares mensuales a la comisión.

Durante el actual gobierno, la ONU considera que las desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad. Pero la presidenta Sheinbaum critica a la ONU, y exige mayor calidad al trabajo del máximo organismo mundial.

Tras presionar a Peña para que aceptara al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el Caso Iguala, López Obrador echó a éstos en cuanto pudo, ya siendo presidente, y agarró el medio millón de dólares para las becas de sus votantes.

López Obrador sólo les pagó a los investigadores de la CIDH 600 mil dólares (29 de enero de 2019) y nunca los tomó en cuenta, pues acusaron del crimen al Ejército. Para la 4T, el Ejército es su sostén. Así que adiós CIDH.

Esta semana, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó remitir urgentemente a la Asamblea General, la situación de las 133 mil personas desaparecidas en México, para que sopese medidas de prevención, investigación y castigo.

La ONU ve “indicios fundados” de que aquí se cometen desapariciones forzadas, que son calificadas como “crímenes de lesa humanidad”. Es, más o menos lo mismo, por lo que el grupo político que gobierna hoy, exigió traer a la CIDH, por el Caso Iguala.

Sin embargo, como hoy está en el poder, el grupo político que se movilizó mundialmente por el Caso Iguala, le echó encima a la ONU toda la maquinaria de propaganda y política para rechazar el informe y, sobre todo, lo de “crímenes de lesa humanidad”.

El asunto es que eso de “crímenes de lesa humanidad” es pura lumbre, pues así comenzó la debacle internacional del chavismo en Venezuela: justo con un informe de la ONU sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos.

La ONU consideró a Maduro responsable de “crímenes de lesa humanidad”, tras estudiar un año los informes de una Misión Internacional Independiente, y señaló como responsables directos a Maduro, a su número dos y a la cúpula militar.

Maduro estuvo al tanto del asesinato de cinco mil 94 opositores y la detención ilegal de tres mil 479. Según la ONU, “los crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado”. El gobierno de López Obrador rechazó el informe.

Sobre la denuncia actual de la ONU al gobierno mexicano, el nuevo canciller dijo en el Senado que “no negamos la dolorosa desaparición de personas, pero exigimos mayor calidad al trabajo de la ONU”.

Porque la 4T sí tiene calidad.