El GIEI es el que desde el principio de su venenosa gestión señaló al Ejército como principal ejecutor de las desapariciones. López Obrador creyó el cuento y lo explotó durante su campaña
Tan corrosiva fue la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Iguala que el presidente López Obrador dijo ayer sobre sus integrantes: “Yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos…”. Más: “¡Ya basta de estar administrando el dolor de la gente! No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando…”.
Sus palabras dan en el blanco preciso del entuerto y también son aplicables a los representantes y acompañantes de los padres de Los 43 porque, dijo, “otra cosa a que, desde el gobierno, desde arriba, Peña (Nieto) hubiese ordenado, o el general secretario (de la Defensa) de entonces, la desaparición de los jóvenes. ¡No, no…!”. Impensable que lo admita, pero reivindicó en su esencia la “verdad histórica”.
Los embustes del GIEI han sido determinantes para volver ya indescifrable aquel crimen: El viento de la desgracia (García Márquez dixit) comenzó a soplar sobre las investigaciones de la extinta PGR desde que el GIEI negó (diciembre de 2015) que hubiese ardido una hoguera en el basurero de Cocula pretextando la silvestre opinión de su “perito” (el peruano José Luis Torero) contra los dictámenes de los expertos nacionales de la PGR, la UNAM, el Instituto Mexicano del Petróleo, el IPN, Equipo Argentino de Antropología Forense y un puñado de eminencias internacionales, y corroborado por la CNDH anterior a Rosario Piedra. Lo único que hizo fue enturbiar el caso, tergiversando la información a que se le dio acceso.
Vino después la infamia de culpar a Tomás Zerón de “sembrar” los más de 63 mil restos óseos que se recuperaron del muladar y el río San Juan, pese a que se trató de una diligencia policial a la luz del día que atestiguó —entre decenas de agentes, asistentes y periodistas— el representante de Derechos Humanos de la ONU que luego fue secretario técnico del GIEI y habilitado por la 4T como fiscal especial, el sectario, fracasado e inútil Omar Gómez Trejo.
Porque nada tenían que ocultar, los gobiernos peñanietista y lopezobradorista entregaron a los del GIEI cuanto les pidieron, pero éstos lo retorcieron de modo por demás perverso. Dedujeron que la presencia de personal naval en el basurero de Cocula fue para sembrar evidencias y alterar la escena de un crimen que, en su lógica, no se cometió allí. Lo cierto es que la Secretaría de Marina, atendiendo la petición “de buena fe” que le hizo el subsecretario Alejandro Encinas, les entregó los videos de un helicóptero descendiendo y el tomado por un dron con militares asegurando el sitio, porque algunos de los asesinos acababan de confesar que allí cometieron la matanza y quemaron los cuerpos.
El GIEI es el que desde el principio de su venenosa gestión señaló al Ejército como principal ejecutor de las desapariciones. López Obrador creyó el cuento y lo explotó durante su campaña. Por fortuna está dándose cuenta de que, para los vividores del dolor ajeno, el chiste del problema es que nunca se resuelva…
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