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Encargado por Claudia Sheinbaum para armar un proyecto cuatrotero de reforma al Poder Judicial (porque ahora dice que el Poder que encabezó representa un sistema “de injusticia”), Arturo Zaldívar fue exhibido ayer por el presidente López Obrador como su agente encubierto que intimidaba jueces para imponer sentencias.

No es la primera vez que lo balconea: ya contó que, cuando andaba en campaña, el entonces titular de la Suprema Corte le mandó decir que contara con él, toda vez que simpatizaba con su movimiento.

Sobre la decisión del juez que ordenó la excarcelación de Emilio Lozoya para que pueda sortear su proceso en acotada libertad, se le preguntó:

—¿Impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña? ¿Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo…?

—¡Sí, sí, sí! –respondió–, y en muchos otros casos. Si hubiese estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna (…). Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto si viene mal la averiguación’, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvieron a la persona a las nueve de la mañana, encontró (sic) que lo detuvieron a las 11, y ya con ese hecho podía dictar la libertad (…). Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo (el de Lozoya), nosotros, respetuosamente, interveníamos…”.

El infame encarcelamiento del ex procurador Jesús Murillo Karam basta y sobra para inferir que Zaldívar le cumplió bien.

Al recibir su constancia de presidente electo el 8 de agosto de 2018, López Obrador hizo este compromiso:

“En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”.

Como es evidente, traicionó su palabra.