De recabarse tal número de firmas, para que la consulta sea vinculante deberá votar por lo menos 40 por ciento de los 93.67 millones de electores: alrededor de 37 millones y medio de mexicanos
Si entre los recientes derechos constitucionales de la ciudadanía (artículo 35) figura no solo la consulta popular cuyo primer ejercicio fracasó (para “enjuiciar” dizque a los ex), sino “participar en los procesos de revocación de mandato”, es pertinente advertir que se trata de algo esencialmente popular, ajeno a los partidos y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Se trata de que, en un proceso que organice, supervise y garantice el Instituto Nacional Electoral, se sufrague si el Presidente de la República debe o no ser separado de su cargo. Para el efecto se requiere que la votación sea solicitada por tres por ciento de los registrados en el padrón electoral, equivalente a un mínimo aproximado de tres millones 700 mil personas claramente identificables.
De recabarse tal número de firmas, para que la consulta sea vinculante deberá votar por lo menos 40 por ciento de los 93.67 millones de electores: alrededor de 37 millones y medio de mexicanos.
Si se mantiene la fecha prevista para la consulta (tercera semana de marzo próximo) y no se modifica la mañosa pregunta que la mayoría morenista consiguió se aprobara en el Congreso, quienes asistan a las urnas caerán en una trampa evidente porque, si bien se plantea el sí o no a la revocación, también se propondrá responder si al Presidente se le debe ratificar:
¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
A cada interrogante los electores marcarán sí o no pero, como es evidente, sobra la segunda. De ahí que los partidos de oposición presentaran ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la ley reglamentaria de Revocación de Mandato, argumentando que la pregunta del enunciado constitucional se tergiversa, se desnaturaliza, porque se amplía “indebidamente” para obtener una ratificación presidencial.
El añadido se explica porque la idea de la consulta no surgió de la ciudadanía ni de la militancia partidista opositora, sino de una sola persona: el presidente López Obrador, a sabiendas de que la mayoría de las respuestas será que no se le revoque su mandato (lo tiene asegurado hasta 2024), pero todavía más: hacer explícito el deseo “popular” de que sí permanezca, “hasta que termine su periodo”.
A falta de interés público genuino por la realización del ocioso y oneroso ejercicio, el principal promotor de la consulta es López Obrador y alienta la pepena de las firmas a los militantes y simpatizantes de su partido.
Ensalada de locos: sin ciudadanos ni opositores interesados en la fútil consulta para la previsible ratificación, lo hilarante y paradójico será ver a los lopezobradoristas limosnear las firmas necesarias, aunque se antoje imposible que, de reunirlas, acudan a votar casi 40 millones de incautos…
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