AMLO dice tener “las pruebas” de los engaños de El Gil, el GIEI, el ex fiscal y los representantes de los padres de Los 43
El destrozo de uno de los portones de Palacio Nacional y el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta contextualizan el ocaso de “la estrella” testimonial de la 4T en el caso Iguala: Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, quien con el pseudónimo Juan terminó decepcionando a sus patrocinadores, que le tenían reservada una orden de aprehensión por delincuencia organizada.
La avidez cuatrotera por culpar del crimen a ex servidores públicos, civiles y militares, en la gestión peñanietista, y fabricar una versión distinta a la “verdad histórica” se les hizo engrudo, se esfumó el “crimen de Estado” y quedó en ridículo la supuesta responsabilidad militar.
Con la directriz del presidente López Obrador, la falsaria comisión de la verdad que encabezó Alejandro Encinas y la facciosa “fiscalía especial” de Omar Gómez Trejo alentaron las patrañas del sanguinario criminal recomendado por el corrosivo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (con especial insistencia de Carlos Beristáin y Ángela Buitrago).
Las “aportaciones” de El Gil no sirvieron para echar abajo la detestada “verdad histórica”.
Siendo en efecto uno de los nueve (no “setenta”) delincuentes torturados, El Cabo Gil fue liberado sin que el MP federal hiciera valer las abundantes pruebas que demuestran su participación en la masacre, entre otras “los chats de Chicago” de la DEA, donde se le identifica como Romeo.
Resguardado con el pseudónimo Juan, El Gil dijo lo que le ordenaron dijera, pero ya nadie le cree.
Astuto como es, intuye lo que se le depara y empieza a tejer su defensa contra el gobierno que lo usó.
Sus mentiras hicieron de las investigaciones un enredo indescifrable y se tornó imposible inventar una versión contraria a la única verificable, la misma que fue reivindicada por la Oficina Especial Para el Caso Iguala de la CNDH anterior a la cuatrotera Rosario Piedra Ibarra (de ahí que López Obrador admitiera que los jóvenes fueron víctimas de “autoridades locales en contubernio con el crimen organizado” y declarara que ni Peña Nieto ni su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tuvieron participación alguna en los asesinatos del 26 y 27 de septiembre de 2014).
Los normalistas, pues, fueron levantados por policías municipales y entregados a sus verdugos de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos en el muladar de Cocula y disiparon la pedacería de restos carbonizados en el río San Juan.
AMLO dice tener “las pruebas” de los engaños de El Gil, el GIEI, el ex fiscal y los representantes de los padres de Los 43 (que, por cierto, son públicas, tanto las recabadas por la extinta PGR como las contenidas en la Recomendación de la CNDH).
Con la complacencia presidencial, Encinas y Gómez Trejo se dejaron embaucar por los detractores de la “verdad histórica” y gestionaron el traslado de El Gil, de una cárcel de máxima seguridad a un venial reclusorio capitalino, para luego facilitar la liberación de que el oficialismo se arrepiente ahora…
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