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Con su amenaza de promover contra el ministro Alberto Pérez Dayán “juicio político”, el pastor de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y su correligionario que inexplicablemente preside la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, exhiben de nuevo su profundo desprecio por la legalidad.

Se quejan porque el juzgador ejerció su determinante voto de calidad para la anulación, por inconstitucional, de la Ley de la Industria Eléctrica que irresponsablemente aprobaron.

“Ha sido recurrente que muchas de las leyes, de los decretos que ha emitido la Cámara de Diputados, mediante amparo, han sido revocados por parte de la Suprema Corte. Lo que vivimos fue algo lamentable para el estado de Derecho y la división de Poderes”, se atrevió a decir Mier, pasando por alto las atribuciones del Poder Judicial de la Federación frente a los actos inconstitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Para Robledo, al haberse empatado la votación de cuatro ministros, antes de que Pérez Dayán ejerciera su voto de calidad, se debió aplicar “otro” procedimiento: llamando “a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia” que procurara “conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política…”, aventuró.

Convenenciera y marrulleramente, omiten que en la Segunda Sala sesionaron cuatro ministros en vez de cinco porque, a petición de la Secretaría de Energía, Javier Laynez Potisek se excusó de conocer y participar en la discusión para no retrasar una resolución.

No fue la primera vez que esa mañosa dependencia del Ejecutivo, mediante la falaz coartada del “impedimento”, tratara de retrasar o impedir que la Corte resolviera los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica para impedir que la Comisión Federal de Electricidad mantuviera el control monopólico, a pesar de violar la libre competencia consagrada en la Constitución. En octubre pasado, pidió y se le concedió que se excusaran los ministros Pérez Dayán y Luis María Aguilar, lo que retrasó cuatro meses la resolución de la semana pasada.

La treta era obvia: de no haber ejercido Pérez Dayán su voto de calidad, Energía pediría después que se excusaran las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, a fin de que los amparos no se resolvieran antes de concluir la presidencia de López Obrador.

Lo que tampoco dicen esos machuchones cuatroteros es que la plagiaria Esquivel hizo exactamente lo mismo que Pérez Dayán en 2022 cuando, ante otro empate en un asunto agrario, ejerció su voto de calidad y a nadie se le ocurrió instruirle “juicio político” porque esa facultad está prevista en el artículo 56 (primer párrafo) de la Ley de Amparo: “…en caso de empate, quien preside tendrá voto de calidad”.

Se pondrán peor las cosas: contra el Poder Judicial de la Federación viene una iniciativa envenenada, autoritaria y reaccionaria…