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En vez de exhibir la indolencia de la Fiscalía General de la República por no haberse inconformado contra una resolución sobre ocho militares acusados de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador volvió sobre el Poder Judicial de la Federación, acusándolo ayer de dos cosas:

“Una, desprestigio al Ejército, ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente soberana (sic); quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida, y lo segundo, hacerme quedar mal…”.

Lo cierto es que el Ejército no es independiente o soberano y que está sometido a su comandante supremo: el presidente de la República.

Dislates aparte, el nuevo zipizape entre los dos Poderes tiene una sencilla explicación, dirigida desde el lunes “a la sociedad en general” por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación:

—Esas ocho personas pidieron ante la jueza del proceso que se revisara la prisión preventiva oficiosa que estaban enfrentando; en audiencia pública, dicha jueza escuchó a la Fiscalía, quien expuso las razones que tenía para que continuaran en prisión preventiva y después decidió que sí debían continuar privadas de su libertad.

—Promovieron entonces juicio de amparo y el juez de distrito resolvió que, como ya hay jurisprudencia obligatoria que señala que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, concedió la suspensión definitiva para que la jueza del proceso celebrara una nueva audiencia en la que escuchara a las partes y luego decidiera cuál medida cautelar imponer.

—Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las ocho personas sí.

Pero ninguna explicación sofoca la embestida contra el Poder Judicial y esto se debe, en gran medida, a que López Obrador desconoce sus funciones a grado tal que le achaca:

“Protege a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupa de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.

No, desde luego no.

El Poder Judicial no está para beneficiar o perjudicar a nadie, sino para garantizar el debido proceso de cuantos asuntos se ventilan en sus tribunales, honrando los derechos humanos y respetando siempre la presunción de inocencia.

El problema de origen en el caso Ayotzinapa es que López Obrador se comprometió, él sí, a complacer a los padres de Los 43, quienes jamás han aceptado la “verdad histórica” del peñanietismo ni las galimáticas y esotéricas invenciones de la 4T sobre lo sucedido a sus hijos.

AMLO reveló que la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, alertándola contra la liberación de los militares, pero el resultado fue “como si le hubiésemos dicho libérenlos”.

¿Creerá en serio que la titular de la Corte conoce todos los casos que se litigan en el ámbito federal y puede dar órdenes a jueces y magistrados…?