Lo que sí entienden los ocho es que son chivos expiatorios para satisfacer un compromiso político de la 4T
Hace ocho días la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo preguntó a los ocho nuevos militares encarcelados por el caso Iguala si entendían por qué estaban allí, en su juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Edomex.
Todos le respondieron que no.
La señora se desconcertó. Les había dicho ya que la Fiscalía General de la República los acusaba por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa.
¿Quedó claro?
Uno a uno respondió: “no”.
Lo que sí entienden los ocho es que son chivos expiatorios para satisfacer un compromiso político de la 4T.
Mientras nadie les precisa la culpa que se les imputa, los acusan en masa: “comisión por omisión”, según la jueza que hizo suyas las vagas acusaciones de la FGR (en 24 horas leyó los 96 tomos de la causa), adoptadas de la desacreditada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa del subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, esos militares estaban adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala y, junto con los otros de que se disponía, habían realizado tareas tan ajenas a la criminalidad como cercar un perímetro y acudir a la clínica Cristina, donde se refugiaron casi 30 estudiantes, y solicitar una ambulancia para auxiliar a un herido.
El tamaño de la infamia que está cometiéndose lo da el dato de que ninguno de esos normalistas fue desaparecido.
Pero la insidiosa acusación y la jueza a modo los responsabilizan de la desaparición forzada de los 43 que, para cuando se dio la inspección en la clínica, ya habían sido levantados por los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, y entregados a sus victimarios de Guerreros Unidos.
Es un capo de la banda quien recuperó la memoria y se prestó a empinar a los soldados. Antes de camuflarse como Juan, jamás había incriminado a militares.
Según la jueza, los acusados “no hicieron lo que debieron hacer” (comisión por omisión), lo cual no explicó, pero aseguró que eso fue determinante en el destino fatal de los desaparecidos.
La intriga contra el Ejército viene desde 2015, cuando el corrosivo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes perfiló su farsa “crimen de Estado”, a la que se sumaron quienes vienen “acompañando” a los deudos de Ayotzinapa.
Valido de un actor directo en los asesinatos apodado El Gil o El cabo Gil, Gildardo López Astudillo, renombrado Juan como testigo protegido, el primer fiscal especial, Omar Gómez Trejo, preparó la consignación de una veintena de militares, pero la FGR la desestimó por inconsistente y el perverso ex achichincle del GIEI renunció.
Se retoma el embuste: hoy están en prisión 12 militares. Entre los primeros cuatro, el ex coronel (actual brigadier) que comandaba el 27 Batallón, un capitán, un subteniente y un cabo.
Y sigue la persecución contra otros ocho y un ex general de Zona que, por suerte, ya causaron baja en el Ejército.
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