La baja participación reflejó el escaso interés que el tema despertó para opinar sobre una obviedad perogrullesca
Innecesaria y absurda, la pregunta que se puso ayer a consideración ciudadana explica el bochornoso fracaso de sus promotores. No obstante, como primer experimento constitucional de democracia participativa, la consulta resultó sin duda exitosa.
La baja participación reflejó el escaso interés que el tema despertó para opinar sobre una obviedad perogrullesca: si las autoridades de procuración e impartición de justicia deben o no cumplir con sus obligaciones.
De obvia respuesta afirmativa, ¿quién con salud mental puede imaginar que la mayoría de los pocos que se manifestaron optaran por el “no”? Solamente los ingenuos, los ignorantes y los perversos pueden sentirse sorprendidos por el saldo de un ejercicio tan prometedor.
Mayor sentido y concurrencia motivarían interrogantes racionales, como por ejemplo si ha sido acertada la “estrategia” de salud del gobierno federal (donde el desabasto generalizado de medicamentos, la evidente insuficiencia de los que atenúan el drama de los niños con cáncer y la desastrosa conducción de las medidas contra la pandemia), lo cual pondría al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell en la cuerda de encarcelables por el probable delito de homicidio involuntario; o el apuntalamiento de los monopolios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad a costa de las energías limpias, más empleos y la libre competencia (que propicia el abaratamiento de los servicios).
Por lo que se vio este domingo, cuando menos frente a una pregunta boba cobró legitimidad aquello de que “el pueblo es sabio”, porque fue muy poco el que se prestó a la pantomima que azuzaron los fanáticos de la 4T con la salvajada de someter a votación si se aplica o no la ley.
Si deben o no ser “enjuiciados” cinco ex presidentes, la Suprema Corte de Justicia dijo que no y redactó un planteamiento “deliberadamente ambiguo” (según reconoció su ministro presidente), cuyo único mérito es haber colocado entre los probables enjuiciables a funcionarios machuchones del actual gobierno.
Además del exitoso ensayo, es de celebrarse la defensa que hizo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pero no únicamente por lo que atañe a esa instancia autónoma del Estado mexicano ante la insidia de sus denostadores, sino y sobre todo por la inapelable y diáfana explicación del marco legal de sus atribuciones y desempeño en el manejo de la irreprochable y novedosa herramienta de política pública.
Morena y sus contlapaches de los partidos parasitarios deben ahora digerir el pastelazo porque fueron incapaces de entusiasmar a los necesarios 37 millones y fracción de ciudadanos que se requerían, y ni siquiera a los 26 millones que votaron por ellos en las elecciones del 6 de junio. De la ínfima minoría de electores que participó insisten en responsabilizar al INE, y tan entienden su fracaso que perfilan una “comisión de la verdad” y un “tribunal del pueblo” para satisfacer sus enfermizos apetitos de primitivo linchamiento.
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